VITORIA, 19 (EUROPA PRESS)
El Gobierno Vasco destinará 17,5 millones de euros ayudas para la financiación de proyectos de inversión en el sector primario y de desarrollo rural a través del programa Sendotu.
El Consejo de Gobierno ha aprobado martes una orden por la que se regula este programa para 2023 y 2024, con el fin de canalizar una línea de ayudas a la financiación mediante la concesión de préstamos, a formalizar por el Instituto Vasco de Finanzas y otras entidades, por un importe global de 17.550.000 euros.
El programa tiene como objetivo apoyar y potenciar la estrategia de desarrollo económico y competitividad del sector agrario y alimentario vasco, así como ayudar al desarrollo de las zonas rurales.
Para lograr esa meta se trata de impulsar el crecimiento económico del sector agrario y alimentario, generar empleo y mejorar la calidad de vida en el medio rural.
Desde la creación del programa en 2015, se han apoyado más de 30 proyectos, con una cuantía cercana a los 29 millones de euros, generando una inversión inducida de 82,7 millones de euros.
Podrán acceder a estas ayudas a la financiación las empresas privadas, ya sean personas físicas o jurídicas, que tengan la categoría de pyme no cotizada, y que pertenezcan a los sectores agrario, pesquero, alimentario y de desarrollo rural.
Además, los beneficiarios deberán cumplir al menos una de las condiciones siguientes: que no hayan operado en ningún mercado;que lleven operando en cualquier mercado menos de siete años a partir de su primera venta comercial; y que necesiten una inversión inicial de financiación de riesgo superior al 50% de la media de su volumen de negocios anual en los últimos cinco años.
Las operaciones de financiación se autorizarán mediante préstamos, con un límite en general por préstamo del 80% de la inversión presentada.
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el mismo día en que surta efectos la orden y finalizará con el agotamiento total de los fondos o, en su defecto, el 31 de diciembre de 2024. Dicho plazo podrá prorrogarse, por un plazo máximo de 24 meses, en el supuesto que a 31 de diciembre de 2024 no se hubieran agotado los fondos previstos.
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