MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha acusado al presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, recién reelegido para su tercer mandato, de promover una campaña de intimidación, arrestos y de pedir requisitos excesivos a candidatos para prevenir algún tipo de competencia en las elecciones presidenciales, en las que ha salido victorioso con un 89.6 por ciento.
“Meses antes de las elecciones presidenciales de diciembre, el Gobierno de Al Sisi eliminó meticulosamente cualquier posible competencia. La eliminación por parte del Gobierno de una elección independiente es el último capítulo de una campaña de represión en curso que ha destruido en gran medida el espacio cívico y encadenado la participación política en el país durante la última década”, ha declarado el investigador principal para Oriente Próximo y el Norte de África de HRW, Amr Magdi.
Asimismo, ha manifestado que los comicios han resultado ser “una farsa sin sentido” en la que el “bloqueo” de la pluralidad política busca afianzar el Gobierno “unipersonal” de Al Sisi, que en los últimos meses ha mandado a las fuerzas de seguridad a reprimir protestas pacíficas y a “acosar, detener y procesar” a periodistas y activistas.
HRW ha puesto el ejemplo del caso del opositor Ahmed Tantawy, cuya familia y partidarios han sido perseguidos por las autoridades, enviando a juicio a 21 de los cerca de 130 detenidos, y que finalmente no logró presentar su candidatura presidencial, lo que ha supuesto una “grave socavación del derecho a la participación política”.
El requisito de un candidato para presentarse a las elecciones es a través del respaldo de 20 diputados o de 25.000 votantes en al menos 15 gobernaciones; mientras que el Parlamento está “abrumadoramente dominado” por diputados favorables a Al Sisi, las autoridades solo concedieron 20 días a los ciudadanos para presentar los avales, que debían ser firmados en una de las 217 notarías habilitadas por el Ministerio de Justicia. Además, su campaña se vio afectada por una “fuerte represión” estatal.
Desde principios de año, han sido arrestadas unas 2.000 personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión, de los que miles siguen aún en prisión preventiva.
Los medios de comunicación también han sido víctimas de la persecución de las autoridades, que han atacado e incluso enjuiciado a varios periodistas por investigar supuestos casos de corrupción relacionados con el presidente. Según organismos de control de libertad de prensa, Egipto es, desde 2014, uno de los diez países en donde más periodistas encarcelan.
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