SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha participado este lunes de forma telemática junto a la directora general de Personal del Servicio Andaluz de Salud, Carmen Bustamante, en el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar la falta de profesionales en la atención primaria.
En este sentido, Catalina García agradece a la ministra de Sanidad, Mónica García, haya aceptado “lo que sus cinco antecesores no aceptaron, pese a la insistencia de las comunidades autónomas”, como es un debate monográfico sobre atención primaria y el déficit de facultativos en este ámbito. Así, ha subrayado que era un “clamor” de las comunidades durante cinco años el que se tratase en Consejo Interterritorial la situación de la atención primaria y el principal problema del Sistema Nacional de Salud que es la “falta endémica” de profesionales médicos.
Al respecto, ha incidido en que Andalucía, junto a la mayoría de las comunidades autónomas, continuará pidiendo un aumento del número de las plazas MIR. En esta línea, según se indica en nota de prensa, ha recordado que en los últimos cinco años se ha reclamado al Ministerio de Sanidad una oferta extraordinaria de 1.000 plazas MIR extra anuales durante los próximos cuatro años. “Con el déficit de profesionales que existe, no nos podemos permitir que 4.000 facultativos se queden fuera de la última oferta MIR”, ha destacado.
Asimismo, ha reseñado la importancia de evaluar también en Consejo Interterritorial la revisión del modelo MIR en el acceso a las vacantes que queden, así como las renuncias. Además, ha insistido en la importancia de flexibilizar o modificar los criterios para acreditar nuevas unidades docentes. Por otro lado, ha considerado fundamental tratar la finalización de la formación MIR del año 2024, que termina en septiembre y no como siempre en junio, “por lo que nos impedirá la contratación de esos profesionales”.
“El común de las comunidades autónomas necesitamos más médicos para poder garantizar el relevo en condiciones óptimas”, ha dicho. Así, ha recordado que este año se jubilan 787 profesionales médicos en toda Andalucía y que, en la próxima década, hasta 2032, se jubilarán 6.769, de los que 2.917 serán médicos de familia, en tanto que el 20,5 por ciento de los médicos de la sanidad pública tiene 60 años o más.
“Siguiendo la tónica actual, hasta el curso 2025-2026 no comenzaremos a disponer de médicos suficientes para cubrir estas vacantes. Pero necesitamos más, no nos basta con tener sustitutos para las jubilaciones. La población crece y cada vez vivimos más, por lo que las necesidades sanitarias cada vez son mayores”, ha explicado.
Entre las propuestas presentadas por Andalucía para afrontar el déficit de médicos se encuentra también la creación definitiva de un Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, con el objetivo de “orientar las necesidades de formación de especialistas para prevenir la aparición de déficits de profesionales de determinadas especialidades”. “Porque, para que en el futuro no nos volvamos a ver en esta situación, hay que trabajar con previsión”, ha añadido la consejera.
En este sentido, la titular de Salud y Consumo ha detallado que, en la convocatoria 2023/2024, Andalucía se ha situado como la primera comunidad autónoma en número de plazas ofertadas en el conjunto del Estado con 1.861 plazas EIR, lo que supone un incremento del 33,9% con respecto a 2018. “Pero también supone que ha alcanzado su máximo”, ha subrayado. Por esto, ha insistido en que “es necesario cambiar o flexibilizar los criterios para la acreditación de más unidades docentes”. Este año se han cubierto todas, incluidas las 434 de Medicina de Familia y Comunitaria.
Por último, ha destacado que Andalucía, desde 2019, ha hecho una apuesta “severa” para paliar esta previsión deficitaria y lleva trabajando estos cinco años en la formación de profesionales sanitarios, mejorando sustancialmente la calidad, incrementando la cantidad con tendencia a máximos históricos y preservando la prioridad de la docencia en el sistema sanitario público incluso en los periodos más duros de la pandemia.
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