PAMPLONA, 12 (EUROPA PRESS)
Navarra ha finalizado el proceso de elaboración de su primer protocolo de coordinación y actuación para luchar contra los matrimonios forzados de mujeres, adolescentes y niñas, Y se convierte en una de las primeras comunidades del conjunto del país en contar con esta herramienta. Este documento nace con el objetivo de sumar esfuerzos desde los ámbitos educativo, sanitario, social, judicial y policial para prevenir, detectar y evitar este tipo de casos, considerados un tipo de violencia de género “normalizada” en la sociedad en general y entre sus propias víctimas y, por ello, “muchas veces invisibilizada y difícil de erradicar”.
Así lo han expuesto en la presentación del protocolo el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno foral, Félix Taberna, la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, y la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), Patricia Abad, que han ofrecido una rueda de prensa junto a representantes de entidades que han participado en la elaboración de este documento y colaborarán en su puesta en marcha.
El protocolo desarrollado en Navarra es especialmente protector con las menores de edad. Así, los recursos de Gobierno de Navarra considerarán por defecto como forzados todos los matrimonios de adolescentes y niñas menores de 18 años. Aunque a nivel estatal la edad legal para contraer matrimonio se sitúa en 16 años, se quiere armonizar este protocolo con la normativa internacional en esta materia y ampliar el marco de atención a las adolescentes de entre 16 y 18 años, edad que se considera especialmente vulnerable para que se produzcan estos matrimonios forzados.
Este acuerdo nace, según han explicado, de la necesidad de disponer de pautas comunes para que la prevención y abordaje de los matrimonios forzados sea generalizada y homogénea. La sensibilización y la prevención serán un eje central de la intervención, así como el acompañamiento a las víctimas para que superen su situación y el mantenimiento de un registro de casos. Se prevé incidir también en la formación de los y las profesionales en contacto con esta realidad, para poder contribuir a cambiarla.
CUATRO ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
El protocolo prevé actuar en cuatro ámbitos: la prevención de matrimonios forzados, la detección de casos ya consumados o en proceso de llevarse a cabo, la atención y recuperación de las mujeres, adolescentes y niñas que se encuentren en esta situación y su protección y acceso a la justicia.
Las tareas preventivas conllevarán trabajo con las familias y entornos, así como la difusión de información accesible y en diferentes idiomas, que permita abordar los matrimonios forzados como una manifestación de la violencia contra las mujeres con graves consecuencias.
En cuanto a detección, se considera clave la labor de los recursos de asistencia a víctimas de la violencia, los centros sociocomunitarios y de atención primaria, la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad o entidades como la Oficina de Extranjería, el Registro Civil o los espacios de culto. Ante una sospecha de matrimonio forzado, se considera importante hablar con las mujeres a solas, en un espacio que garantice su intimidad, así como darles acceso a los recursos públicos que necesiten para salir de su situación.
Ante una situación urgente o cuando exista un riesgo inminente de producirse un matrimonio forzado, se contactará con el Centro de Atención Integral a las Violencias Sexuales (CAIVS), punto de referencia en el abordaje de este problema, o con cuerpos policiales.
En lo que se refiere a la atención y recuperación de las mujeres que han vivido una situación de matrimonio forzado, se prevé una intervención especializada para contribuir al empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres afectadas. Se considera fundamental el apoyo social, jurídico, psicológico o educativo, así como propiciar la autonomía económica de las mujeres, con apoyos para que consigan empleo o ayudas económicas temporales que faciliten su independencia y bienestar, han indicado desde el Gobierno.
En lo que respecta a la protección y acceso a la justicia, el protocolo recuerda que, además de una violación de los derechos humanos, el matrimonio forzado es un delito. Así, aunque son situaciones en las que mayoritariamente las mujeres no están en disposición de denunciar a sus progenitores o familias de origen, los recursos públicos adquieren el compromiso de valorar si es necesaria la intervención policial y la protección de las víctimas.
SITUACIONES DE ALERTA
Entre las situaciones que pueden alertar sobre un posible caso de matrimonio forzado, destacan un viaje repentino o inminente de niñas y/o adolescentes al país de origen, antecedentes familiares de matrimonio forzado, situaciones de aislamiento social y casos de mutilación genital femenina, matrimonio concertado o pactado y embarazo a edad temprana.
La Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres reconoce los matrimonios a edad temprana, matrimonios concertados o forzados como una manifestación de la violencia contra las mujeres, una grave violación de los derechos humanos y un problema de salud pública, que tiene como resultado daños y perjuicios físicos, sexuales, psicológicos, sociales, socioeconómicos y patrimoniales, que condicionan las vidas de quienes lo padecen.
Según esta ley, un matrimonio forzado es una unión de pareja en la que “no ha existido consentimiento libre y pleno para su celebración, bien porque ha sido fruto de un acuerdo entre terceras personas, ajeno a la voluntad de la mujer, bien porque se celebra bajo condiciones de intimidación o violencia o porque no se ha alcanzado la edad prevista legalmente para alcanzar dicho consentimiento”. Se trata de una realidad compleja, que abarca desde casos de matrimonios precoces de niñas y adolescentes menores de edad a matrimonios forzados sobrevenidos, de mujeres coaccionadas para separarse de sus parejas.
De acuerdo a datos aportados por UNICEF, a día de hoy hay más de 650 millones de mujeres que se casaron cuando eran menores, antes de cumplir los 18 años. Cada día unas 34.000 niñas sufren un matrimonio forzado. Navarra no es ajena a esta realidad, han indicaod, si bien no es visible estadísticamente por la ausencia de datos que permitan conocer su prevalencia, algo que se quiere cambiar con este protocolo.
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