MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El Consejo Escolar del Estado ha reclamado que se restauren, en la convocatoria de ayudas dirigidas a alumnado que presenta una necesidad específica de apoyo educativo, las vías de acreditación antes establecidas para el acceso a la solicitud y otorgamiento de las ayudas al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad.
De este modo, el órgano de participación del sector educativo pide que se posibilite la acreditación de las necesidades especiales educativas mediante informe de un equipo de orientación educativa o psicopedagógica o del departamento de orientación dependientes de la administración educativa correspondiente.
Así lo ha manifestado el Consejo Escolar del Estado en las nuevas propuestas de mejora presentadas en el pleno de este martes 12 de diciembre, incluidas en el Informe 2023 sobre el estado del sistema educativo, recogido por Europa Press.
El organismo ha respondido así a la propuesta de mejora presentada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) que advierte de que, desde el curso 2020-2021, la resolución por la que se convocan ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo “viene causando un grave perjuicio a buena parte del alumnado con discapacidad y, muy particularmente, al que presenta una discapacidad auditiva, al establecer como criterio de acceso la acreditación de un grado de discapacidad igual o superior del 33% para poder presentar la solicitud de ayuda”.
El CERMI también critica que se haya suprimido como vía de acreditación el informe psicopedagógico relativo a las necesidades especiales educativas, “obviando que las éstas preexisten y son independientes del grado alcanzado en la aplicación del baremo de discapacidad, cuyo objeto de valoración no es en ningún caso la necesidad educativa y de aprendizaje de los escolares”.
Para esta organización, no estar en posesión de una calificación del grado de discapacidad igual o superior al 33% “no puede ser causa de exclusión ni discriminación a la hora de optar a la solicitud y otorgamiento de una beca o ayuda destinadas a apoyar al alumnado con necesidades educativas especiales, en este caso derivadas de discapacidad”.
De hecho, el CERMI señala que para otros grupos de beneficiarios, como los que presentan trastornos graves de conducta, trastornos graves de comunicación y lenguaje o alta capacidad intelectual, “se mantiene la opción de acreditación mediante un informe de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del departamento de orientación dependiente de la administración educativa correspondiente”.
Respecto a la propuesta de STEs-i, que considera que el real decreto de ordenación de la educación especial está “totalmente descontextualizado y que se debe cambiar, ya que se ha implementado legislación a nivel territorial pero reclama una normativa básica a nivel estatal, el Consejo Escolar del Estado insta al Gobierno a elaborar un nuevo real decreto que ordene la atención a la diversidad dentro del marco normativo actual.
PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EJERCER DE COORDINADOR DE BIENESTAR
Sobre la figura del Coordinador de Bienestar y Protección, el organismo recomienda que se dote a los centros educativos de personal especializado para desarrollar estas funciones, fijando mediante normativa de carácter básico el perfil que debe cumplir esta persona según las funciones encomendadas, ampliando su formación específica y siendo un cupo extra adicional a jornada completa para que pueda desarrollar adecuadamente sus funciones.
El informe del Consejo Escolar del Estado también recoge medidas contra el bullying. Así, apuesta por intensificar las medidas y recursos estructurales destinados a los Planes de Convivencia en los centros educativos, en el marco de la prevención del acoso escolar y la violencia en el entorno educativo, y evaluar sistemáticamente los resultados de estos planes de convivencia.
“Todo ello con especial atención al alumnado más vulnerable, entre otros, aquel que presenta discapacidad”, sentencia el Consejo Escolar del Estado en sus recomendaciones.
También aconseja establecer un plan de formación y sensibilización, en colaboración con especialistas, para que la comunidad educativa “se sienta implicada activamente en las tareas educativas encomendadas por la Ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia”.
El documento recoge además recomendaciones para la reducción de ratios en las aulas. En concreto, el organismo insta al Gobierno a acordar con las comunidades autónomas en normativa básica la reducción de la ratio de estudiantes por aula en todos los niveles educativos.
En este punto, recomienda a las administraciones educativas la revisión de la distribución horaria semanal y del número de alumnado y grupos asignados a cada docente: la reducción a 18 horas lectivas del profesorado tanto de Infantil y Primaria y a 15 horas lectivas de Secundaria y otros cuerpos docentes y el equilibrio del número de horas de atención directa al alumnado con el número de horas para la preparación de otras actividades.
Para el Consejo Escolar del Estado, todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo “debe contar doble” a efectos de ratio de los grupos y todo este alumnado debe estar asociado a recursos adicionales de maestros especialistas de pedagogía terapeútica y audición y lenguaje.
Durante su intervención en el pleno celebrado este martes, STES-Intersindical ha indicado que, aunque la LOMLOE “deja claro” que la educación pública es el eje vertebrador del sistema educativo, la realidad demuestra que en España “no se apuesta realmente por una educación pública”, ya que “se tiende a la privatización”.
“Los datos no mienten, España es el cuarto país de Europa donde menos escuela pública hay en Educación Secundaria y el tercero en Primaria”, ha criticado STES-Intersindical.
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