También dio luz verde a intervenir al menos 40 dispositivos de otros investigados en la causa
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional que investiga a la plataforma ‘Tsunami Democràtic’ autorizó a los agentes de la Guardia Civil a instalar un “software remoto” en el móvil de los exdiputados de la CUP en el Parlament David Fernández y Quim Arrufat y en el del exdiputado de Catalunya Sí que es Pot en la Cámara catalana entre 2015 y 2017 y exlíder de Podemos en Cataluña, Alberto Dante Fachin, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.
La decisión del magistrado Manuel García Castellón se enmarca en el procedimiento que dirige en el Juzgado Central de Instrucción Número 6, en el que investiga quiénes son los promotores de ‘Tsunami Democràtic’ para determinar cómo se orquestaron las protestas que en 2019 –tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del ‘procés’– provocaron disturbios callejeros, cortes de carreteras y hasta el bloqueo del aeropuerto de El Prat.
Según ha adelantado ‘El País’ y han confirmado las citadas fuentes, el instructor dio la orden a la Benemérita de intervenir los dispositivos móviles de Fernández y Arrufat así como de Dante Fachin en enero de 2020, unos meses después de que los agentes pidiesen al juez que tomase esta medida.
El juez dio el visto bueno a estas intervenciones después de que los investigadores señalaran a Fernández como “la primera persona que utilizó públicamente el concepto de ‘Tsunami Democràtic’, en noviembre de 2014, a propósito de la primera consulta ilegal de autodeterminación”.
De la documentación que consta en el sumario, y a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, se desprende que el magistrado también dio luz verde a que el Instituto Armado actuase sobre el teléfono de Joan Matamala, empresario cercano al expresidente catalán huido Carles Puigdemont, el del activista Martí Olivella, o el de los informáticos Jordi Baylina y David Franquet.
Además, según las citadas fuentes, también se autorizó el acceso al terminal de Elías Campo, miembro del ‘think tank’ Citizen Lab, que destapó el presunto espionaje con Pegasus a activistas y políticos catalanes. Campo ya fue señalado por la Guardia Civil como uno de los colaboradores externos para la elaboración del proyecto VOCDONI, una aplicación para teléfonos móviles que permite realizar votaciones masivas.
EL PROGRAMA UTILIZADO
Según un auto de 10 de octubre de 2019 por el que se acordó la medida para intervenir dos terminales, el programa utilizado fue un ‘software’ que permite, “de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario”.
Este software permite acceder, entre otros, a la agenda de contactos, al registro de video-llamadas, a la cuenta de correo asociada al móvil, al historial de navegación web y a las comunicaciones en redes sociales. También permite activar el micrófono del dispositivo para “captar y grabar las comunicaciones orales”, según detalla el auto al que ha tenido acceso Europa Press.
Las citadas fuentes aseguran que, al igual que con los anteriores, la misma medida se acordó para otros 40 móviles de otros investigados. En el auto en el que se adoptó la medida, el juez explicó que autorizaba las intervenciones “ante la excepcional gravedad de los delitos ingeridos”, en referencia a los indicios de un presunto delito de terrorismo.
CONVERSACIONES INTERVENIDAS
En uno de los autos consta que los investigadores tuvieron conocimiento, a raíz de la instalación del “software remoto” en el móvil de un informático presuntamente vinculado a Tsunami, Montero de Quadras, de las “vinculaciones de Martí Olivella” –a quien se refieren como “uno de los referentes del movimiento independentista catalán, miembro del Equipo Técnico del NOVACT (Instituto Internacional para la Acción No Violenta)”– con la organización ‘Tsunami Democràtic’.
Asimismo, los investigadores lograron recabar datos “de un grupo denominado THINK CAT: ESTAT 4.0, compartido con los miembros del autodenominado Think Cat79”, entre los que figura Joan Canadell Brugera, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona entre 2019 y 2021, según la documentación que obra en el procedimiento.
Además, según la información extraída del terminal móvil de Baylina, “se ha podido identificar un entramado de siete sociedades digitales establecidas en Estonia, cuyos administradores únicos o miembros del consejo de administración son los mismos que participan en el desarrollo” del mencionado proyecto VOCDONI.
A raíz de la instalación del “software remoto” en los móviles de los investigados también “se pudo advertir la participación de Matamala” en los hechos. Los agentes llegaron a esta conclusión gracias a una conversación que el empresario mantuvo con el también investigado Jordi Milla “en la que tratan aspectos logísticos y organizativos de la implementación de lo que denominan ‘segunda onada’ en el ámbito del Consell per la República, concluyendo que se deben instaurar consejos locales, concentrándolos por municipios o comarcas”.
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