SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves instar al Gobierno de la Junta a “poner en marcha, con carácter excepcionalmente urgente, los acuerdos recogidos en el pacto para el impulso económico y social de Andalucía firmado el pasado mes de marzo, relativos a la convocatoria del Bono Carestía y el Bono Familia”.
Se trataba de una de las reivindicaciones incluidas en una proposición no de ley (PNL) que el grupo Por Andalucía ha defendido este jueves en el Pleno del Parlamento relativa a la protección de las personas consumidoras y productoras en Andalucía, y que ha sido rechazada con los votos del PP-A y Vox, mientras que el PSOE-A ha votado a favor de la misma.
La PNL partía de la premisa de que, ante una situación en Andalucía en la que “la sequía se suma al encarecimiento exponencial de productos básicos, tanto por nuestra situación de escasez de agua como por la inflación que impacta sobremanera en la cesta de la compra”, el Gobierno andaluz no ha puesto en marcha “un paquete de medidas y recursos económicos propios con el que enfrentar de manera decidida las consecuencias del encarecimiento del coste de la vida”.
La iniciativa de Por Andalucía abogaba además por combatir la acción de empresas “que inflan los precios para aumentar su margen de beneficios, como ya ocurriera con la crisis del aceite del girasol del pasado año” ante “la crisis del olivar”.
Para ello, la PNL proponía “elaborar un listado público de empresas sancionadas en firme por conductas fraudulentas y perjudiciales para las personas consumidoras”, así como solicitaba “la expresa prohibición de contratar con ellas desde la Junta de Andalucía”.
Otra medida a poner en marcha que planteaba la iniciativa era la de “emprender una campaña extraordinaria de Inspección, orientada en sus prioridades y ámbito de aplicación a la protección de los productores agrarios, ganaderos y pesqueros”.
“AMPLIO MARGEN DE ACTUACIÓN” DE LA JUNTA
El portavoz adjunto de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha intervenido ante el Pleno en defensa de esta iniciativa, en cuya exposición de motivos se sostenía que esta comunidad autónoma “tiene un amplio margen de actuación para la protección” de las personas productoras y consumidoras del sector primario, teniendo en cuenta además que es “mandato constitucional y estatutario” llevar a cabo la “defensa y protección de un consumo responsable, informado y en un rango de precios acorde a la realidad social y las capacidades económicas de nuestra gente”.
Por Andalucía ha criticado en esta iniciativa que “la crisis que venimos padeciendo, agravada por la invasión rusa de Ucrania y las tensiones inflacionistas (…), no ha merecido por parte del Gobierno de la Junta un paquete de medidas y recursos económicos propios con el que enfrentar de manera decidida las consecuencias del encarecimiento del coste de la vida y su impacto en las personas autónomas, las empresas o las economías domésticas”.
“Actuando como mera gestora de la distribución de recursos estatales o europeos”, la Junta “también viene fallando con estrépito, y su contumaz resistencia a aplicar sus competencias incluso cuando no comportan desembolso alguno está obstaculizando o ralentizando la actuación de otras administraciones que pongan freno a fraudes en el etiquetado, a la opacidad en la trazabilidad de la producción, a la venta a pérdidas, a la competencia desleal o a las prácticas especulativas que encarecen los productos básicos”, denuncia también Por Andalucía en la exposición de motivos de esta PNL.
De igual modo, la confluencia de izquierdas ha lamentado que la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía, que desde el año 2007 es “el organismo autonómico encargado de velar por la defensa de la competencia en nuestra comunidad autónoma”, no ha realizado “una labor proactiva para evitar la concertación de precios en el sector alimentario, que está favoreciendo la impune práctica especulativa que alcanza a muchos productos”.
Finalmente, la iniciativa rechazada criticaba que, transcurridos unos nueve meses desde la firma, el pasado marzo, del Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía entre la Junta, los sindicatos UGT-A y CCOO-A y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el Gobierno andaluz no ha convocado dos de las “medidas urgentes” contempladas en dicho acuerdo, en referencia al ‘Bono Familia’ y al ‘Bono Carestía’.
Desde Por Andalucía han recordado que el ‘Bono Familia’ planteaba “ayudas directas a aquellas con menores en condiciones vulnerables y que se encuentren por debajo del umbral de pobreza severa”, mientras que el ‘Bono Carestía’ consistiría en “un único pago de 200 euros para familias con menores a su cargo e ingresos anuales inferiores a tres veces el Iprem –Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples– vigente”.
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