Aboga por reformar el artículo 570 de la Ley del Poder Judicial
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Junts ha registrado este miércoles una iniciativa en el Congreso que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con mandato caducado sean cesados automáticamente y ha criticado que el órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace cinco años, “ha desplegado una agenda política propia”, poniendo “en duda la actuación de otros poderes del Estado”.
La proposición de ley de Junts, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha comunicado el mismo día en el que el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, ha emitido un comunicado en el que califica de “inadmisible” el “señalamiento” efectuado el día anterior en el Congreso por la diputada de Junts Miriam Nogueras a varios magistrados del Tribunal Supremo (TS), al tiempo de que ha ratificado que adoptará las medidas necesarias para protegerlos.
En la exposición de motivos, el partido independentista ha criticado la “instrumentalización política” del Poder Judicial y, en concreto, de su órgano de gobierno, que “ha dado lugar a ciertos conflictos que deberían haberse resueltos en el ámbito político”.
Así, ha reprochado al CGPJ su falta de “legitimidad democrática” porque “ha desplegado una agenda política propia, poniendo en duda la actuación de otros poderes del Estado”.
Según Junts, la norma vigente “permite la continuidad indefinida de los miembros del órgano en funciones” e impide “su renovación de acuerdo con las nuevas mayorías parlamentarias”.
Por ello, ha propuesto la reforma del artículo 570 de la Ley del Poder Judicial para el cese automático de los vocales al cumplir los cinco años de mandato caducado. La formación independentista ha planteado que mientras no sean elegidos sus sustitutos, las “funciones estrictamente administrativas y sancionadoras” del Consejo serán ejercidas por tres de los miembros salientes, elegidos de mayor edad al más joven.
FUNCIONES RESTRINGIDAS
Además, estos tres miembros interinos verían restringidas sus funciones y no podrán proponer nombramientos y pronunciarse ante el nombramiento de un nuevo fiscal general.
También interponer conflictos de atribuciones entre órganos del Estado o emitir informes sobre leyes o acerca de los expedientes de responsabilidad patrimonial “por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia”.
Tampoco preparar “informes sobre los proyectos de leyes y disposiciones generales que en virtud de lo dispuesto en el artículo 561 le correspondan”.
Se trata de proposición de ley similar a la que ya registró Junts en septiembre de 2022, unos días después de que el entonces presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, amenazara con dimitir para obligar a la elección de los nuevos miembros del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiró en diciembre de 2018.
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