MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobó este martes el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, para 2024 con una cuantía de 199.120 millones de euros incluyendo los fondos europeos, un 0,5% superior al de 2023 y cifra récord, con el que se da inicio al proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo ejercicio.
Así lo anunció la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Montero definió este ‘techo de gasto’ como “realista” y “prudente”, con “margen” para prorrogar si fuera necesario las medidas aprobadas para combatir el alza de la inflación, lo que se decidirá antes de que acabe el año.
La cuantía del ‘techo de gasto’ incorpora 9.905 millones de fondos europeos -no de la adenda, que se considera gasto financiero- y sin esta cifra, el límite de gasto sería de 189.215 millones, un 9,3% por encima de la equivalente de 2023.
Además, Montero detalló la nueva senda de déficit una vez vista en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de ayer, lunes, en el que las comunidades autónomas del PP votaron en contra.
Así, el déficit de todas las administraciones públicas, que se prevé que cierre en el 3,1% este año, será del 3% para 2024, bajará al 2,7% de 2025 y al 2,5% en 2026, tal y como se remitió a Bruselas en el Programa de Estabilidad el pasado mes de abril. La administración central tendrá un déficit del 2,7% en 2024, en favor de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que tendrán flexibilización con respecto a lo remitido a Bruselas en el Programa de Estabilidad del pasado mes de abril, y dispondrán de un déficit de una décima para las autonomías, frente al equilibrio previsto en abril, y equilibrio para las entidades locales, frente al superávit de dos décimas establecido en abril.
Para 2025 y 2026, las comunidades y los ayuntamientos tendrán equilibrio, mientras que la administración central bajará su déficit al 2,6% y 2,5%, respectivamente En el caso de la Seguridad Social, para este subsector se espera un déficit de dos décimas el próximo año, de una en 2025 y equilibrio en 2026.
En cuanto a los objetivos de deuda pública, la previsión es terminar 2023 en el 110% del PIB, que en 2024 baje al 106,3%, al 105,4% en 2025 y al 104,4% en 2026. Estas cifras son casi tres puntos menos en 2024 y 2025 y otros dos menos en 2026 con respecto a lo recogido en el Programa de Estabilidad de abril. Por subsectores, las comunidades autónomas situarán su deuda en el 21,7% en 2024, en el 21% en 2025 y en un 20,3% en 2026, y las entidades locales llegarán al 1,4% en 2024 y al 1,3% tanto en 2025 como en 2026.
Montero destacó, tal y como anunció ayer, que las comunidades autónomas recibirán 154.467 millones el próximo año, un 14,9% más, y los ayuntamientos percibirán 28.557 millones, un 22,6% más.
El Consejo también aprobó el plan de reequilibrio con el que certifica la reducción del déficit al 3%, saliendo así del protocolo de déficit excesivo. Este plan, que se remitirá a las Cortes, recoge la senda de estabilidad aprobada hoy y la estrategia para cumplirla. Según destacó la primera, “es la primera vez que se aprueba un plan de reequilibrio sin recurrir a la política neoliberal de recortes”.
Preguntada por la previsión de ingresos tributarios para el próximo año, Montero indicó que crecerá en el entorno del 9% respecto a la liquidación de este año.
Sobre los plazos para el presupuesto, Montero indicó que el calendario “deseado” es que esté listo “a finales del mes de marzo, principios del mes de abril”, y acto seguido destacó que la tramitación “no depende del Gobierno” y confió en que “todo el mundo facilite” que las cuentas salgan adelante. “No tengo por qué pensar que el PP se vaya a oponer a estos objetivos de estabilidad, sería como tirarse piedras a su propio tejado, confío en el sentido común del PP”, dijo Montero.
Respecto a la solicitud del cuarto pago de fondos europeos, Montero señaló que se quiere hacer “antes de que acabe el año”, si bien para ello se debe “asegurar” que las normas ligadas a este pago que decayeron con el adelanto electoral se aprueben. Entre esas normas se encuentra la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
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