Pablo Sánchez asumió el cargo el pasado jueves tras la suspensión de Patricia Benavides, acusada de liderar una red criminal
La exfiscal pide que se revoque la suspensión en su contra: “No tengo carpeta fiscal abierta”
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Juan Carlos Villena ha asumido este lunes de manera interina el cargo de fiscal general de Perú tras la dimisión de Pablo Sánchez, que llegó al cargo hace menos de una semana, tras la suspensión de seis meses de Patricia Benavides, que se enfrenta a acusaciones de liderar una red criminal para interferir en el nombramiento de altos cargos.
“Se hace de conocimiento público la declinación del señor doctor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde al cargo de fiscal de la nación interino, sucediendo en antigüedad el doctor Juan Carlos Villena Campana, quien asume el cargo de fiscal de la nación interino”, reza un comunicado del Ministerio Público.
Villena, nombrado fiscal supremo junto a Benavides en junio de 2022, ha ejercido como fiscal adjunto, fiscal provincial, fiscal superior y llegó a ser presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ica. Desde ahora y hasta que termine el periodo de suspensión de Benavides, será el fiscal general.
Por su parte, Benavides ha presentado un recurso de reconsideración ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para revocar la suspensión provisional, alegando que, pese a las acusaciones, no afronta una investigación fiscal.
“Debo precisar que hasta el momento no tengo carpeta fiscal abierta en mi contra ni estoy siendo investigada por el presunto delito de organización criminal”, se lee en el documento, en el que recuerda que ostenta el cargo hasta 2025.
La semana pasada aseguró que su suspensión tiene “motivaciones políticas”, ya que “esta resolución exprés” buscaba alejarla del cargo para “lograr que las fuerzas que estuvieron detrás de este complot político, evidentemente coordinado, vuelvan a apoderarse del Ministerio Público”.
La fiscal Benavides ha sido acusada de formar parte de una supuesta red criminal en el seno del Ministerio Público con el que habría tratado de influir de manera irregular en la designación de una serie de cargos. La organización delictiva habría maniobrado para designar, entre otros, al Defensor del Pueblo, Josué Gutiérres; o para facilitar la inhabilitación de la anterior fiscal general, Zoraida Ávalos.
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