Consideran que la no renovación “supone un perjuicio para la sociedad y la organización judicial”
MADRID 4 (EUROPA PRESS)
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han solicitado este lunes la dimisión del presidente y los vocales del Consejo General del Poder Judicial ante la “anormalidad institucional” que supone su bloqueo, que cumple ya cinco años.
A través de un comunicado conjunto, recogido por Europa Press, sendas asociaciones han asegurado que esta situación “supone un evidente perjuicio para la sociedad y la organización judicial”, destacando que “quienes acuden al Poder Judicial a litigar, profesionales del derecho, y la sociedad en general, sufren los perjuicios” de la misma.
“En este triste quinto aniversario reclamamos la dimisión del presidente y vocales del Consejo General del Poder Judicial, siguiendo el ejemplo de quienes, anteriormente, constataron que no cabía prolongar irregularmente la duración de su mandato”, han reclamado.
En este contexto, JJpD y UPF han explicado que “el Tribunal Supremo cada vez padece más vacantes, la mayoría de las presidencias de Audiencia y Tribunales Superiores de Justicia están en funciones y la falta de liderazgo del CGPJ entorpece el trabajo de juzgados y tribunales”.
A su juicio, “las numerosas excusas que opone el Partido Popular para mantener su bloqueo durante años ya ni siquiera merecen comentario”. “En cambio, nos parece que quienes permanecen como vocales del CGPJ, contribuyen decisivamente a mantener esta situación que vulnera la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial”, aducen.
FAVORECIENDO EL “DESPRESTIGIO” INSTITUCIONAL
En concreto, añade, se tratan de “personas que por su profesión y responsabilidad están obligadas a garantizar el cumplimiento de ambas, y del ordenamiento jurídico”, y que “prolongan su mandato sin credibilidad, sin legitimidad y sin rubor alguno”.
“Hay que recordar que un grupo mayoritario de vocales del CGPJ se permite intervenir en el debate partidista sobre una proposición de ley que ni siquiera se había presentado en las Cortes, retrasar el preceptivo informe sobre proyectos de Ley, como el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aún no han emitido, opinar con su cargo caducado y en funciones sobre la idoneidad del Fiscal General del Estado, y demorar deliberadamente durante semanas la renovación del Tribunal Constitucional”, critican.
Las asociaciones argumentan que, “con su proceder, han contribuido al desprestigio de una institución que constatamos se encuentra en franca descomposición”. “Hay un vergonzante abandono de funciones propias e imprescindibles, que no producen réditos políticos a quienes sin motivo legítimo les mantienen en el cargo, única preocupación desde hace demasiado tiempo de sus integrantes”, aseguran.
Eso, desde su punto de vista, lo demuestra el hecho de que el Tribunal Supremo “condenara al CGPJ por incumplir su obligación de regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral, o que anulara varios de sus nombramientos para el Tribunal Supremo o Presidencias de Tribunal Superior de Justicia”.
“Su actuación, además, afecta directamente al derecho al juez natural predeterminado por la ley, pues las comisiones de servicio que acuerdan con la excusa de reforzar juzgados y tribunales se verifican sin criterios objetivos y eludiendo el escalafón. En definitiva, abusan de su función, hace cinco años caducada, incumplen la Constitución que juraron acatar y manchan la imagen de imparcialidad de la judicatura con su servilismo a opciones partidistas”, zanjan las asociaciones.
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