Prevé asumir la gestión integral del IMV en la segunda mitad de 2024
BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)
El conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, cree que la creación del Ministerio de Infancia y Juventud, liderado por Sira Rego, es una oportunidad para “resolver una anomalía histórica” en España como la ausencia de una prestación para la crianza, y ha advertido de que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) si se invaden competencias de la Generalitat desde este ministerio.
Para el conseller, que “PSOE y Sumar dependan más que nunca de los votos catalanes es una oportunidad” para que las reivindicaciones de la agenda social de la Generalitat sean una prioridad en esta legislatura, entre las que se encuentran una mejor financiación del sistema de atención a la dependencia y la gestión integral del ingreso mínimo vital (IMV) por parte del Ejecutivo catalán, ha concretado en una entrevista de Europa Press.
La tasa de pobreza infantil y la baja fecundidad en España están vinculados con la ausencia de una prestación universal para la crianza, según Campuzano, que ha remarcado que “el resto de estados de Europa Occidental” tienen ayudas de este tipo como Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca e Italia, por lo que espera que sea una prioridad para Rego.
Cree que Catalunya no puede sostener en el tiempo una prestación universal de crianza al tener el margen fiscal de una comunidad autónoma, pero confía en que el Gobierno impulse dicha ayuda en lugar de adoptar medidas que sean competencia del Govern: “Hay riesgo de invasión competencial pero esperemos que el Ministerio se llene de contenido en aquellas competencias que el Estado podría promover”.
“Esperamos contar con la ayuda, y no interferencia, del nuevo Ministerio que usted dirige”, ha trasladado el conseller a la nueva ministra por carta, y ha asegurado que estarán atentos para que, en caso de detectar cualquier invasión competencial, recurrirla al TC.
Sobre la llegada de menores migrantes no acompañados en este 2023, ha concretado que este año Catalunya ha acogido un total de 2.013 menores extranjeros, un reto enorme para Campuzano, que considera que el Gobierno no ayuda a las comunidades autónomas en la acogida: “El Estado no nos ayuda”.
IMV
Campuzano ha instado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a completar el traspaso de la gestión integral del IMV a la Generalitat de acuerdo con el pacto alcanzado con el ministro saliente José Luis Escrivá, ahora al frente de la cartera de Transformación Digital.
El conseller prevé que la Generalitat pueda hacer la gestión conjunta de las prestaciones sociales del IMV y de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) en la segunda mitad de 2024, que tendrá un sobrecoste de unos 2,3 millones de euros para la contratación de personal y la adaptación de los sistemas de información.
DEPENDENCIA
En materia de atención a la dependencia, el conseller ha reiterado que en los próximos años España tendrá que afrontar el reto del envejecimiento de la generación del ‘baby boom’, invertir en nuevas infraestructuras, poner en marcha nuevos modelos de atención y mejorar las condiciones de los trabajadores, entre otros, por lo que ve necesario un incremento de la inversión pública y más eficacia en la gestión de recursos.
Ha criticado textualmente la infrafinanciación por parte del Estado, a quien ha acusado de romper la promesa de una cofinanciación 50%-50% entre el Gobierno y la Generalitat en materia de dependencia, y se ha mostrado confiado con que en esta legislatura se alcance este porcentaje: “España invierte muy lejos de lo que debería invertir en políticas de atención a la dependencia”.
BONO SOCIAL ELÉCTRICO
También a se ha dirigido a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a quien ha pedido gestionar “lo antes posible” una prórroga para el 2024 de los descuentos del bono social eléctrico que expiran este 2023: en concreto, un 65% en caso de hogares vulnerables y del 80% para los consumidores vulnerables severos.
En este sentido el conseller cree que España tendría que cambiar al modelo portugués, con un bono social de aplicación automática en relación con la constatación de hogar vulnerable.
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