MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
Banco de España ha constatado que los municipios rurales de menos de 500 habitantes demandan oficinas bancarias, por lo que las soluciones de implantar puntos alternativos de acceso a efectivo y servicios bancarios no parecen ser efectivos para atajar la exclusión financiera resultante del cierre de oficinas.
Estas son algunas de las conclusiones presentes en el informe de seguimiento de este año sobre accesibilidad presencial de los servicios bancarios en España, publicado este jueves.
“La cliente habría percibido, en general, un cierto deterioro en la accesibilidad a los servicios bancarios a lo largo de 2022 en los municipios sin oficina estable, pese al aumento en el número de puntos de retirada de efectivo en dichos municipios”, recoge Banco de España en el documento.
De esta forma, el supervisor bancario ha indicado que es necesario “atender no solo a la información por el lado de la oferta, sino también a la información por el lado de la demanda para analizar la efectividad de las distintas alternativas disponibles en el diseño de los planes de actuación en materia de accesibilidad a los servicios bancarios”.
En 2023, respecto a 2022, un total de 167 municipios en España ganaron un punto de acceso presencial. Es el resultado de 223 poblaciones que obtuvieron un punto de atención frente a los 56 municipios que perdieron el último punto de acceso que les quedaba.
De los 223 municipios que ganaron acceso a servicios bancarios, 179 eran municipios de menos de 500 habitantes. La mayoría de cierres del único punto de servicio también se producen en poblaciones de este tamaño, con 45 cierres.
La mayoría de estas ganancias de puntos de acceso no es a través de oficinas bancarias estables, sino a través de canales alternativos (agentes financieros, ofibuses, cashback, Correos Cash, etc). Estos canales siguen siendo de uso minoritario para la población, que prefiere la atención en oficinas bancarias estables.
De hecho, en municipios donde el único punto de acceso es un canal alternativo, la población residente acude a otros municipios con oficina para realizar sus gestiones bancarias, según ha indicado Banco de España. En 2023 frente a 2022, el porcentaje de población residente en municipios sin oficina estable con un punto de acceso habitual a más de 5 kilómetros aumentó desde el 38,4% al 53,6%.
DATOS TOTALES
El número de puntos de acceso presencial a servicios bancarios experimentó un ligero descenso en el conjunto de España, debido a que la reducción de oficinas no se ha visto totalmente compensad por canales alternativos.
Entre 2021 y 2022, las oficinas bancarias se redujeron un 7,2%, pasando de 19.014 a 17.648. De su lado, los puntos de acceso mediante canales alternativos aumentaron un 1,6%, desde 49.869 a 50.672 puntos. A este respecto, los mayores incrementos porcentuales se registraron en el número de ofibuses (+28,4%, hasta 787) y agentes financieros (+34,4%, hasta 2.299).
En los municipios más pequeños, de menos de 500 habitantes, el número de oficinas bancarias se redujo de 426 a 379, un 11% menos. Sin embargo, aumentó un 22,1% los puntos de acceso alternativos, desde 1.109 a finales de 2021 a 1.354 al cierre de 2022. Esto supone que pese al cierre de oficinas, los puntos de acceso en municipios pequeños crecieron un 12,9%.
En este sentido, Banco de España ha indicado que la cobertura relativa a los servicios bancarios mejoró en mayor medida que la relacionada con otros servicios (comercios, bares, farmacias, médicos, etc) en función de la población, dado que el porcentaje de municipios sin acceso presencial a los servicios bancarios se redujo en mayor medida que el porcentaje de municipios sin acceso presencial a cualquier otro tipo de servicio.
Banco de España ha señalado como un reto que España presenta un porcentaje de territorio deshabitado y una dispersión de la población “muy superiores” a los de cualquier país del entorno. Esto dificulta el aprovechamiento de economías de escala en la atención presencial. Sin embargo, han señalado una posible solución que está extendida en algunos países europeos: redes compartidas de oficinas y de cajeros automáticos.
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