MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobó este lunes el Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, que quedó paralizada por la convocatoria electoral y que obliga a los partidos a presentar ‘listas cremallera’ en todas las convocatorias tanto en titulares como en suplentes y será la Junta Electoral Central quien vigile el cumplimiento, según explicó la titular de Igualdad, Ana Redondo.
Redondo enfatizó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, en el ámbito político, la nueva norma busca garantizar la representación efectiva de las mujeres. Para ello, modifica la legislación electoral con el fin de establecer la obligatoriedad de las conocidas como’ listas cremallera’. Es decir, establece que las candidaturas estén integradas por personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alterna en las elecciones de miembros del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios, consejos insulares y cabildos insulares.
También traslada al máximo órgano ejecutivo del Estado, el Consejo de Ministros, el principio de representación equilibrada, consistente en que ningún sexo debe tener una presencia inferior al 40% de los puestos en dicho órgano. Este principio se aplicará a la hora de nombrar a las personas titulares de las vicepresidencias y de los ministerios.
La nueva norma, señaló Redondo, avanza en el camino trazado por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que ya incorporaba el principio de representación equilibrada, y ahondó en que este proyecto “va más allá” y busca garantizar la representación efectiva de las mujeres en los ámbitos decisorios de la vida política y económica, de forma que se avance en la consecución del ejercicio real y efectivo del principio constitucional de igualdad.
Respecto al impacto de la norma en el ámbito de las empresas, explicó que las empresas más importantes están obligadas a cumplir con el principio 60-40% a partir del 30 de junio del próximo año; las que cotizan por encima de los 50 millones tendrán que cumplir con el requisito a partir del 30 de junio de 2025; y las sociedades cotizadas por debajo de ese valor, el 30 de junio de 2026. Será la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la que vele porque se cumpla ese principio y “los incumplimientos conllevarán multas importantes que pueden llevar hasta la suspensión de cotización de la empresa”, advirtió Redondo.
Actualmente, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España se sitúa en el 29,3% (357 consejeras de un total de 1.220), y se limita al 19,6% en el caso de la alta dirección (excluidas altas directivas consejeras).
En el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos, como por ejemplo las Secretarías de Estado, las Subsecretarías y las Direcciones Generales de cada Ministerio, deberán incorporar también este principio en los próximos cinco años. La obligación se extenderá a todas las entidades del sector público estatal.
Por último, el principio de representación equilibrada deberá cumplirse también en las juntas de gobierno de los colegios profesionales, que además deberán incluir en su memoria anual el número de miembros desglosados por sexo y, en caso de no alcanzar el porcentaje establecido, aclarar los motivos y las medidas adoptadas para alcanzarlo.
También se deberá cumplir con el principio de representación equilibrada en los tribunales, jurados y órganos colegiados constituidos para otorgar premios o condecoraciones de la Administración General del Estado o entidades integrantes del sector público institucional estatal o cuando sean presididos por representantes de aquellas.
Redondo concluyó que la ley “es una declaración de intenciones. Lo que queremos que sea esta legislatura. Vamos a profundizar en derechos y libertada, vamos a agrandar la democracia española en todas las cuestiones que tengan que ver con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Es un proyecto solvente”.
Una vez aprobado el proyecto de ley por el Consejo de Ministros, será enviado al Congreso de los Diputados para comenzar su tramitación parlamentaria.
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