MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
El jurista especializado en Derecho de la Competencia Daniel Arribas será el nuevo director general de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Así lo confirmaron a Servimedia fuentes de dicho ministerio, que también subrayaron que en la pasada legislatura fue el responsable jurídico del Ministerio de Consumo, liderando la producción normativa y el asesoramiento jurídico de la materia.
Nacido en Burgos en 1989, Arribas, cuyo nombramiento será publicado en el BOE el miércoles, es un jurista licenciado en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, centro en el que también cursó un Máster en Derecho de la Unión Europea.
Como abogado se ha especializado en Derecho de la Competencia, habiendo desarrollado su carrera en despachos nacionales e internacionales y ha participado en el asesoramiento jurídico de expedientes administrativos sancionadores ante autoridades nacionales y de la Unión Europea, así como en procedimientos de control de concentraciones, ayudas de Estado o en materia de publicidad.
Durante esta etapa se especializó en sectores “directamente relacionados” con los consumidores, “principalmente” telecomunicaciones y energía, derecho farmacéutico, publicidad y gran consumo.
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Entre las líneas de actuación que se propone llevar a cabo como director general de Consumo, las mismas fuentes destacaron el despliegue de las competencias sancionadoras en materia de consumo, que serán asumidas por la Administración General del Estado por primera vez en la historia y que tienen como objetivo “perseguir grandes infracciones” en materia de consumo, así como imponer multas “efectivas”.
En paralelo, trabajará también en la nueva Ley de Condiciones Generales de Contratación para “garantizar” un consumo “consciente y responsable”, trasladando a España el “derecho a reparar” para “luchar” contra la obsolescencia prematura y contra las prácticas “desleales” en este ámbito.
Junto a ello, pretende “reforzar” las medidas de protección de los derechos de los consumidores “vulnerables”, como el desarrollo de un etiquetado “inclusivo” o la “ampliación” del número de beneficiarios de coberturas sociales como el bono social eléctrico.
Asimismo, otros proyectos “en desarrollo” serán poner en marcha nuevas leyes como la de Servicios de Atención a la Clientela o la de Acciones Colectivas para la protección de los intereses colectivos de los consumidores.
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