Zanon, considerado CEO de la plataforma en sus inicios, fue detenido cuando hacía escala en España de camino a la COP 28
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga a la plataforma Nimbus por una presunta criptoestafa millonaria ha acordado este lunes enviar a prisión provisional, eludible mediante la presentación de una fianza de 60.000 euros, al primero de los detenidos del caso, el exconsultor del Banco Mundial Andrea Zanon, al que la propia compañía ubicaba como uno de los fundadores y CEO en su fase inicial.
Así consta en el auto del juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Joaquín Gadea, que no sigue el criterio del fiscal del caso, Emilio Miró, quien abogaba por enviarle a prisión provisional sin fianza a pesar de que Zanon ha negado en la vista haber sido ejecutivo en esa plataforma alegando que sólo puso su imagen en los inicios.
Zanon, según fuentes presentes en su declaración, ha roto a llorar hasta en dos ocasiones durante su comparecencia, ha desgranado parte de su importante currículum y ha recordado que esa plataforma de inversión en criptomonedas sigue activa a pesar de ser investigada por la Audiencia Nacional.
Según explican las fuentes, el exconsultor del Banco Mundial fue detenido el pasado viernes en el aeropuerto de Barcelona cuando hacía escala en España para dirigirse a la Cumbre del Clima que se celebra en Emiratos Árabes (COP 28).
MÁS DE 200 PERSONAS AFECTADAS
Cabe recordar que en esta causa se investiga a la plataforma porque supuestamente podría haber estafado a más de 200 inversores. La Guardia Civil en su investigación cifró el daño en un total de 135,8 millones de dólares.
En el auto del juez de este lunes, Gadea subraya que procede acordar la prisión provisional dado que, en su declaración, “se ha evidenciado que ha utilizado su figura como marca de confianzade Nimbus Platform” y su currículum ha sido usado “para servir como reclamo y generar el nivel de confianza necesario para atraer inversores”.
De hecho, añade que “se han encontrado varias publicaciones en las que Andrea Zanon se presenta como CEO de Nimbus, publicitando su figura a través de un repaso a su currículo”. Y cita una entrevista de 2019 en la que presentaba la plataforma como su proyecto actual y en la que hacía referencia a su experiencia como asesor del ex presidente de EEUU Bill Clinton, de la ex secretaria de Estado de EEUU Madeleine Albright, y como asesor en inversiones y gestión de riesgos en el Banco Mundial.
El juez añade que Zanon “constituyó la sociedad Nimbus Plataform LTD, utilizada para realizar la estafa, y formó parte de distintos órganos sociales de la misma, desde su puesta en funcionamiento hasta fechas próximas a la consumación del delito de estafa”. Deduce así que “podría tener conocimiento preciso de la fecha en la que se iba a producir la suspensión de pagos y el bloqueo de fondos”.
A esto, suma que Zanon “desempeñó funciones de índole administrativa para la sociedad (…) entre ellas el pago desde sus cuentas bancarias a personas del equipo Nimbus; contratación de empleados; contacto para la gestión del pago por servicios prestados en Nimbus; y organización de campañas publicitarias”.
EL BORRADO DE LA HUELLA DIGITAL
Explica el juez que Zanon cuenta además con un entramado de sociedades en diferentes jurisdicciones, como España, Panamá y Estados Unidos, a las que se encuentra vinculado de diferentes formas.
Tras esto, apunta que “se puede plantear como hipótesis que Andrea Zanon habría puesto en marcha la sociedad Nimbus, y habría aportado su dilatada experiencia profesional para crear una marca de confianza que sirviera (…) para atraer inversores, hasta conseguir que el importe de la estafa adquiriera las cifras deseadas, momento en el cual comienza a tomar las medidas necesarias para desvincularse por completo de la mercantil, llegando incluso a pagar por el borrado de la huella digital de esta vinculación”.
Una vez realizado este repaso a su posible papel en la estafa, el magistrado recuerda que en la actualidad Zanon reside en EEUU y que, si bien vivió un corto periodo de tiempo en España, ahora no tiene arraigo en el país.
Añade que en este momento, y tras su detención, se debe evitar el riesgo de fuga, es necesario “evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento” y, dada la naturaleza de los hechos investigados, hay una “indudable peligrosidad criminal”.
Por eso, el juez pondera que se dan las circunstancias para decretar su prisión provisional, pero añade que se han de tener en cuenta las circunstancias personales y el caso concreto del investigado, por lo que “procede acordar” que esa medida cautelar sea eludible bajo una fianza de 60.000 euros.
El importe, añade, “se fija teniendo en consideración que el riesgo de fuga se mantiene con la suficiente entidad como para ser considerado a fin de calibrar la cantidad y calidad de la fianza como garantía de sometimiento al proceso teniendo en cuenta el riesgo de fuga, el escaso arraigo en España y las posibilidades que tiene el investigado para sustraerse a la acción de la justicia”.
LA INHIBICIÓN DE LOS JUZGADOS DE HUELVA
En marzo de 2022 el Tribunal Supremo instó a la AN a investigar este asunto dada la nacionalidad española de algunos denunciados. Así, entendió que los supuestos hechos delictivos son competencia de este tribunal especial después de que el Juzgado de Instrucción Número 4 de Huelva se inhibiese a su favor.
La causa echó a andar tras la denuncia presentada por un particular que aseguraba haber invertido 9.000 euros en Nimbus, y en el asunto también está personado el despacho Aránguez Abogados, que representa a una buena parte de los afectados. Con sus primeras comprobaciones, la Guardia Civil desveló que la empresa maltesa ofrecía en Internet servicios de inversión en un sistema automatizado de arbitraje de criptomonedas entre casas de cambio.
En octubre de 2020, unos días después de que el denunciante depositase esa cantidad de dinero, la compañía habría suspendido todas sus operaciones, quedando bloqueadas las retiradas de capital y los pagos de beneficios, sin que hasta la fecha le hubiera sido posible retirar los fondos que había depositado en la plataforma.
Desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se había emitido una advertencia al público en noviembre de 2020 comunicando que Nimbus no estaba autorizada para prestar los servicios de inversión previstos en la Ley del Mercando del Valores.
EL OFICIO DE LA GUARDIA CIVIL
En octubre de 2022, la Guardia Civil advirtió a la AN de que habían constatado un cambio en la propiedad de Nimbus y que la empresa radicada en Malta pertenece ahora a Odysseas Kimiskez, un ciudadano griego que se ha hecho con todas las acciones.
En su oficio, al que tuvo acceso Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) comunicaba que Nimbus ya no estaba en manos de Andrea Zanon y Jesús Javier García, los dos antiguos directivos que figuraban como personas denunciadas por la supuesta ‘criptoestafa’.
La UCO precisaba que Nimbus se registró como sociedad en Malta en enero de 2020 con el financiero italiano Zanon como primer director ejecutivo (CEO). Además, ejerció hasta el verano de ese año los cargos de representante legal y judicial y secretario.
Nimbus se constituyó con un capital social de 1.200 euros divididos en acciones de un euro, siendo Zanon el que tuvo todas ellas hasta junio de 2020, cuando las transfirió a otra empresa maltesa que, a su vez, acabó traspasándolas a Odysseas Kimiskez.
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