ZARAGOZA, 1 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Alfonso Ballestín, ha asegurado este viernes que la ley del ‘Sí es sí’ incluía “buenas medidas de protección” y “supuso un avance”, pero “los políticos que estuvieron promoviendo la ley no supieron vender bien el producto” al centrarse exclusivamente en la reforma de las penas.
Así lo ha manifestado Ballestín en declaraciones a los medios de comunicación antes de la tercera reunión de la Comisión Provincial de Coordinación de Violencia de Género, a la que han asistido una treintena de profesionales para realizar un debate conjunto para buscar soluciones “a esta lacra”.
En ese sentido, ha remarcado que “una ley no tiene por qué ser mejor por el hecho de que agrave las penas”, sino que “es mejor que lo que teníamos hasta ahora, si incluye buenas y mejores medidas de protección, que es lo que hizo esta ley”.
Una medida importante, ha continuado, era la creación de centros de atención psicológica, jurídica y social durante las 24 horas del día, que todavía no están en funcionamiento en ninguna de las tres provincias de Aragón, previstos para diciembre de 2023, que “ahora parece que se ha prorrogado otro año más”, lo que es “una pena”. Ha señalado que espera que la Administración informe sobre este asunto en la reunión porque le parece “importante”.
Sobre la revisión de condenas, el presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha reconocido que los efectos fueron “no deseados” en primer lugar para los propios jueces y magistrados ya que, al contrario que en otras reformas penales anteriores, no se incluía una disposición transitoria que diera pautas al respecto.
“Efectivamente se produjeron algunas rebajas o se produjo alguna excarcelación cuando se había cumplido ya una parte importante de la pena porque había que actuar así en función de la nueva regulación que había por la aplicación de la norma más favorable”, ha explicado.
No obstante, Ballestín ha recordado que esto ocurre “siempre que hay una reforma penal decalada”. Por ejemplo, en 2010, cuando se reforman los tipos penales al tráfico de drogas, se producen excarcelaciones y “nadie se echó las manos a la cabeza”.
INCREMENTO DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
En cuanto al incremento de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas, ha apuntado que “algo tendremos que hacer, algo se nos escapa”.
Así, ha señalado que para la valoración del riesgo se utiliza un método “bastante avanzado”, pero no tienen “una bola de cristal” en la que ver “lo que puede pasar en cada caso”. No obstante, ha recalcado que “algo se puede hacer” y esa es una de las finalidades de la Comisión Provincial de Coordinación de Violencia de Género, porque el incremento de casos es “muy grave”.
Sin embargo, el presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha opinado que la solución es “educacional”. “Hay que empezar ya desde las escuelas a educar a los ciudadanos para que sean respetuosos con la igualdad y no podamos luego tener que lamentarnos de estas cuestiones”, ha remarcado.
A ello ha sumado que las víctimas cuenten con medidas de protección, de apoyo, de acompañamiento, para lo que la Ley del ‘Sí es sí’ era “muy avanzada y muy positiva”, pese a “debates políticos muy empobrecidos” que lo que hacen es “confundir a la opinión pública”.
CUESTIONES A ABORDAR EN LA COMISIÓN PROVINCIAL
Entre los distintos asuntos a tratar en esta tercera reunión seencuentran la aprobación de la Guía de Buenas Prácticas en el ámbitojudicial, la dotación de medios materiales y humanos de apoyo en lascabeceras de comarca para afrontar casos con menores y mujeres de víctimas de violencia de género, y la adaptación, por parte del Gobierno de Aragón, de espacios más adecuados en los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia.
En la reunión está previsto también presentar el informe realizado por la Delegación del Gobierno sobre los problemas de funcionamiento en los dispositivos telemáticos de control en las medidas de alejamiento en distancias inferiores de 500 metros, así como un segundo informe sobre las gestiones que se han llevado a cabo en el control del cumplimiento de las medidas de libertad vigilada.
La comisión está presidida por Alfonso Ballestín y forman parte también de la misma jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia de Zaragoza, Guardia Civil, Policía Nacional, distintas direcciones generales y jefes de servicio del Gobierno de Aragón, Delegación del Gobierno en Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza –a través de la Concejalía del Sistema VioGen y el Servicio de Mujer e Igualdad–, Diputación Provincial de Zaragoza, colegios de abogados y procuradores, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y la Oficina de Atención a la Víctima.
MEDIOS TELEMÁTICOS
Ballestín ha indicado que están “en constante progresión” con los medios telemáticos y ha confiado en que desde la Delegación del Gobierno en Aragón se informe de las novedades que hay en este sentido.
El objetivo, por tanto, es que los medios telemáticos, como las órdenes de alejamiento, sirvan al cien por cien para el fin que tienen, que es prevenir las posibilidades de que un agresor pueda acercarse a una víctima.
En ese sentido, ha explicado que estos medios no se aplican a todos los casos y que se trata de graduar los riesgos, a partir de la valoración que hace la Policía.
En otro orden de cosas, al ser preguntado por la ley de amnistía, ha recalcado que acude a esta reunión de coordinación en calidad de presidente de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género.
“Aunque fuera como presidente de la Audiencia, tampoco daría mi opinión porque creo que no es mi función. Tengo que respetar las iniciativas legislativas como juez y, por tanto, no tendría nada que opinar”, ha remachado.
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