MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
La Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos sociales, Consumo y Agenda 2030 trabajará con el nuevo departamento de Vivienda y Agenda Urbana en la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que mantiene “encerradas” en sus casas a más de 100.000 personas, según declaró a Servimedia Jesús Martín Blanco, actual responsable de esta Dirección.
Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad que se celebra mañana, 3 de diciembre, Martín Blanco reflexionó en una entrevista sobre los retos de la presente legislatura, entre los que destacó favorecer “la vida en comunidad” de este colectivo.
A su juicio, lograrlo “implica el abordaje de dos cuestiones previas: la desinstitucionalización y asegurar el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad”. No podemos obviar que “una de las cuestiones” que provoca que a estas personas les institucionalicen tiene que ver con el hecho de “no poder salir a la calle porque en su edificio no hay ascensor o rampas”, afirmó.
“Con los fondos Next Generation destinamos 50 millones de euros a derribar las barreras habitacionales”, apuntó, “pero hay que ir más allá y adecuar de una vez por todas la Ley de Propiedad horizontal, que mantiene encerradas a más de 100.000 personas en sus hogares por falta de accesibilidad”. “Vamos a trabajar con el nuevo Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para resolver esta quiebra, porque todos queremos tener una casa, pero una casa de la que poder salir”, declaró.
Dicha modificación, que el sector de la discapacidad demanda desde hace años, implicaría acabar con el límite de 12 cuotas mensuales de los gastos comunes de la comunidad de vecinos a la hora de obligar a afrontar obras de mejora de la accesibilidad. Por debajo de este límite, la mejora se puede imponer, pero si el gasto lo excede, los vecinos no están obligados a asumirlo. En la práctica, esto supone que muchas reformas no se llevan a cabo.
LIBERTAD
En opinión del director general, la desinstitucionalización trae consigo “una gran profundidad democrática, porque implica blindar la igualdad para que la libertad también esté al alcance de la gente corriente y pueda ser disfrutada por las personas mayores, que han levantado este país”.
“Esta libertad debe ser también un patrimonio de aquellas personas a las que, por tener una discapacidad o vivir en situación de pobreza, se les cerraron las puertas de las oportunidades”, reclamó. “Solo iguales somos verdaderamente libres”. Indicó que a lo largo de la pasada legislatura, “hemos estado trabajando en una Estrategia Estatal para la Buena Vida en Comunidad, que confió en que vaya pronto al Consejo de Ministras”. De este modo, este país podrá contar con “una hoja de ruta eficaz que nos lleve a satisfacer una cuestión clave: dónde y cómo queremos vivir”.
ARTÍCULO 49
Por otro lado, Martín Blanco quiso lanzar un “mensaje nítido” con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, “nuestro día”. “Pido consagrar en la Constitución Española la expresión ‘personas con discapacidad’, como corresponde a los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por nuestro país”, demandó, en referencia a la reforma del artículo 49 de la Carta Magna, que en la pasada legislatura no pudo salir adelante por falta de apoyo parlamentario ya que PP y Vox se oponían.
A su juicio, “resulta inaceptable que, en la España de 2023, nuestra ley suprema se refiera a compatriotas como ‘disminuidos’”. Con todo, indicó que la reforma que propone el Gobierno “va mucho más allá” del necesario cambio terminológico. “El nuevo artículo 49″, explicó, según el proyecto de ley del Ejecutivo, “propone una redacción completamente renovada, que entiende y asume la discapacidad desde un enfoque exigente de derechos”, afirmó, y “en cuyo texto tendrán nombre propio las mujeres y niñas con discapacidad”.
“Esta Reforma Constitucional no es un capricho del Gobierno de Coalición”, recalcó, sino que “responde a una demanda legítima de las propias personas con discapacidad, de nuestras familias y organizaciones, responde al consenso parlamentario de la XII legislatura”, prosiguió, y “busca respetar la legalidad vigente que emana de la Convención de la Discapacidad”.
En su opinión, apoyar la reforma del artículo 49 “es la mejor oportunidad para significarse sobre si se está o no con la discapacidad”. “Aquí no hay grises ni equidistancias”, alertó, e hizo un llamamiento “al consenso parlamentario para llevar a término esta reforma, porque cuando se trata de extender derechos, el consenso debería ser un deber de Estado”.
BALANCE
Preguntado sobre su mandato en la pasada legislatura, Martín Blanco lo calificó de “honestamente positivo”. “Hemos desatascado temas que llevaban años en un cajón y que comprometían los derechos de las personas con discapacidad y, por tanto, nuestra vida en la comunidad”, afirmó.
Para el director general, “España es mejor hoy, ya que las personas con inteligencia límite o con incapacidad laboral pueden beneficiarse de las medidas de acción positiva para acceder a un empleo” que contempla la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, gracias a varias normas aprobadas por el Ejecutivo.
Agregó que también las personas sordas y sordociegas “tienen más certezas para el ejercicio de sus derechos” con el reglamento que desarrolla la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación oral, que llevaba 15 años pendiente.
Además, Martín Blanco resaltó la importncia de la ley que regula el derecho a la accesibilidad cognitiva y de la reforma de la legislación civil y procesal que puso fin a las incapacitaciones y permitió que “la voz de las personas con discapacidad sea escuchada y respetada en el tráfico jurídico”, garantizando los apoyos individuales que sean precisos. “Supuso adaptar la legislación española a las exigencias de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Con Discapacidad, que de este modo ya no perderán nunca su capacidad jurídica, subrayó.
Asimismo, se felicitó por la reforma del Código Penal para ilegalizar las esterilizaciones no consentidas de personas con discapacidad y la prohibición de los espectáculos donde se denigra o se hace burla de personas por esta condición. “Todo esto no es posible sin accesibilidad”, defendió, y por ello “hemos destinado casi 200 millones de euros a cambiar de raíz nuestro paisaje, para que sea practicable a toda la ciudadanía sin excepciones”.
“España dispone de un nuevo plan nacional de accesibilidad universal, a fin de que dicha cultura presida todas las políticas públicas”, precisó. A su juicio, esto es “lo que debe hacer un Gobierno decente, cuya prioridad sea la gente”.
GUERRA Y DISCAPACIDAD
Martín Blanco tuvo también un recuerdo en este día para los cientos de miles de personas con discapacidad que viven en zonas afectadas por la guerra, y urgió a recuperar la diplomacia de los derechos humanos para acabar con la espiral de odio y de muertes en Ucrania, Yemen y Oriente Medio.
“Tanto en las guerras como en las pandemias, somos las personas con discapacidad y nuestras familias las grandes perdedoras”. “Hay que evitar llegar a un conflicto armado, y si este estalla, apostar por corredores humanitarios que faciliten la evacuación y atención de estas personas”, reclamó.
En esta línea, defendió la creación de “mecanismos nacionales, en cooperación con la sociedad civil, que permitan ofrecer una atención eficaz y accesibles a las personas con discapacidad que huyen de las guerras”. “En definitiva, se trata de incorporar la inclusión en los procedimientos del derecho humanitario”, concluyó.
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