VALLADOLID, 30 (EUROPA PRESS)
El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León ha registrado este jueves una iniciativa parlamentaria en la que busca el acuerdo para instar a “despolitizar el Poder Judicial, asegurar la imparcialidad del Tribunal Constitucional, mostrar el rechazo de la propuesta de Ley de Amnistía y cubrir las necesidades de la Administración de Justicia en Castilla y León.
Según indica la formación en un comunicado recogido por Europa Press, consideran “urgente” garantizar la independencia del Poder Judicial, “de manera que los doce vocales jueces del CGPJ sean designados en el ámbito del propio Poder Judicial”.
En la Proposición No de Ley registrada en el día de hoy, se manifiesta la necesidad, asimismo, de “respetar el principio de imparcialidad de los magistrados del Tribunal Constitucional” y se insta al Gobierno de la Nación a la creación de nuevos Juzgados, tal y como recoge la última Memoria del TSJ de Castilla y León.
La propuesta censura “el intento de destruir el principio de separación de poderes y la amenaza contra los valores democráticos más esenciales a través de la Ley de Amnistía”, registrada por el PSOE unos días antes de la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Por ello, en uno de los puntos de la PNL proponen que las Cortes muestren su “más firme rechazo” al “intento de laminar el principio de separación de poderes a través de una Ley de Amnistía que supone permitir la injerencia de los partidos políticos a través del poder legislativo en el poder judicial y las decisiones jurisdiccionales”.
En la exposición de la iniciativa, el partido dirigido por Santiago Abascal, apunta que el CGPJ “tiene la misión fundamental de preservar la independencia del Poder Judicial, lo que se pone en grave riesgo si los vocales que integran este órgano constitucional no son nombrados de forma independiente”.
En su opinión, el actual sistema de “elección exclusiva por las Cámaras ha desembocado en que las mayorías parlamentarias se hayan apropiado de uno de los tres poderes del Estado”, una cuestión que ven como “especialmente grave en España, teniendo en cuenta, por un lado, que la gobernabilidad de la Nación en las últimas décadas ha dependido de grupos parlamentarios separatistas que atentan contra la soberanía nacional y el orden constitucional y, por otro, que ha existido un evidente sesgo ideológico impreso por muchos de los vocales”.
En definitiva, critican que “todo ello ha llevado a que el CGPJ haya sido rehén de un enfrentamiento partidista”.
Para el grupo parlamentario, la solución pasaría porque “doce de los 20 vocales que integran el CGPJ sean elegidos por y entre Jueces y Magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales, por todos los Jueces y Magistrados que se encuentren en servicio activo”.
Por otro lado, y una vez conocido el texto de la Proposición de Ley de Amnistía, para Vox “se han confirmado todos los temores expresados por la sociedad civil estos días atrás a través de manifestaciones y concentraciones de repulsa”, pues la ven como “simple y llanamente la utilización fraudulenta e ilegítima del poder legislativo para comprar los votos necesarios para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez”.
“La gravedad de esta maniobra, que no puede calificarse de otro modo como atentado contra el estado de derecho y el marco constitucional, ha sido puesta de manifiesto por todas las asociaciones judiciales y otros colectivos profesionales relacionados con la Administración de Justicia”, han añadido.
La amnistía, en opinión de Voz, “librará de cualquier responsabilidad a determinadas personas que cometieron ciertos delitos en un periodo que abarca, al menos, los últimos diez años, siempre y cuando dichos delitos se hubieran cometido para favorecer (en sentido amplio) el movimiento separatista catalán”.
Por lo tanto, opinan que “se utiliza la ley para conceder a algunos individuos un trato privilegiado con respecto a aquellos ciudadanos que hayan cometido los mismos delitos”.
“Si desde el Congreso se pueden archivar procedimientos judiciales en trámite o dejar sin efecto el cumplimiento de sentencias firmes, se produce una intromisión en la función constitucional del poder judicial”, han insistido.
En definitiva, lo consideran “un comportamiento propio de regímenes dictatoriales” ya que los partidos podrían “paralizar la instrucción, el enjuiciamiento o incluso dejar sin efecto las condenas por otros delitos que pudieran afectarles; lo que supone la creación de espacios de impunidad, libres de todo control judicial, con el consiguiente peligro de abuso de poder y afectación de derechos de la ciudadanía, un golpe contra los valores en los que se sustenta la democracia occidental”.
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