VALLADOLID, 30 (EUROPA PRESS)
La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos de la Junta, perteneciente a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha explicado que el resultado de las campañas realizadas en materia de discriminación de género durante 2022 y 2023 “no ha tenido una incidencia relevante en el ámbito de las relaciones laborales en las empresas de Castilla y León” por lo que defiende políticas que impulsen la solución “de problemas reales de la siniestralidad laboral y no cuestiones ideológicas”.
Así lo ha señalado el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos, Fernando de la Parte, durante la segunda reunión de la Comisión de Seguimiento de las actuaciones de la Inspección, en el marco del Diálogo Social.
En este marco, ha avanzado que las infracciones en materia de discriminación salarial representan el uno por ciento de las actuaciones ejecutadas y un cuatro por ciento por razón de sexo. Además, “no se reflejan infracciones en discriminaciones en las negociaciones colectivas ni en el acceso al empleo por razón de género”.
De la Parte también ha recordado que desde la Consejería quieren “impulsar políticas que solucionen los problemas reales de siniestralidad laboral y no cuestiones ideológicas”, por ello el plan de actuación definido “está pensando en beneficio de todos los ciudadanos”.
El tema central de la reunión ha sido definir el programa territorial de objetivos de la inspección durante el próximo año, explica la Consejería a través de un comunicado.
“Apostamos por dirigir las campañas a todo tipo de discriminación, entendida como tal la que se establece en la Constitución Española, y no acotarse a un específico determinado que reduce la eficacia, la eficiencia y el ámbito de actuación sin una justificación real que no avalan los datos de los resultados obtenidos”, añade la información.
El director general de Trabajo y Prevención de Riesgos ha señalado también que “todos los cambios” que se han llevado a cabo en materia de prevención de riesgos laborales han sido “en beneficio de los trabajadores y de los empresarios”.
De ahí que la Consejería fomente las actuaciones de prevención de riesgos laborales para el asesoramiento y vigilancia del cumplimiento de la normativa en las empresas. En este sentido, un 55 por ciento de las visitas se dirigirán a reducir los índices de siniestralidad laboral.
Al hilo de este argumento, el director del área apunta que los accidentes graves se han reducido un 14 por ciento y los mortales un 38 por ciento respecto al mismo periodo de 2022. Por ello, la Junta “seguirá la línea de actuación actual en pro de potenciar la creación de un empleo digno, seguro y competitivo” en la región sin añadir “trabas innecesarias al día a día empresarial”.
El próximo 14 de diciembre se aprobará en la Comisión Operativa Autonómica, órgano colegiado de coordinación y colaboración mutua entre la Administración de Castilla y León y Administración General del Estado, el programa territorial de objetivos de la inspección de trabajo y seguridad social en Castilla y León para el año 2024, que tendrá carácter integrador de las materias de titularidad competencial autonómica, supraautonómica y estatal.
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