MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Congreso de Guatemala ha pospuesto este jueves por falta de quórum una votación sobre la retirada de la inmunidad de cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el marco de una investigación contra el organismo por la compra fraudulenta de un programa informático.
Esto se produce después de que una comisión creada por el Congreso aprobara, con tres votos a favor y dos en contra, un informe en el que recomienda la retirada de inmunidad de los magistrados del TSE, entre los que se encuentran la presidenta del organismo, Irma Palencia, así como Mynor Franco, Ranulfo Rojas y Gabriel Aguilera.
En concreto, para pasar la medida se necesita al menos un umbral de 107 votos. La legislatura termina este jueves, por lo que, en caso de que la Cámara no logre el quórum necesario durante la jornada, el proceso se tendrá que retomar el próximo 14 de enero, según ha recogido el diario ‘La Prensa’.
El Ministerio Público de Guatemala solicitó a finales de septiembre la retirada de la inmunidad de al menos ocho magistrados del TSE en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la compra de un programa informático para transmitir los resultados electorales de los últimos comicios.
A MEDIADOS DE DICIEMBRE
Por otro lado, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha afirmado este jueves que presentará los nombres de su gabinete a mediados de diciembre. “Yo creo que vamos a estar para mediados de diciembre”, ha dicho en una rueda de prensa.
El TSE dio por concluido el proceso electoral a finales de octubre, haciendo oficial así los resultados de las elecciones de agosto en las que resultó vencedor Arévalo, quien tomará posesión como presidente el próximo 14 de enero junto con su compañera de fórmula, la vicepresidenta electa Karin Herrera.
El Ministerio Público de Guatemala ha llevado a cabo numerosas acciones para inhabilitar los resultados de los comicios o ilegalizar a la formación política, una postura que ha recibido la condena de la comunidad internacional.
Según la Fiscalía, el partido político habría cometido un delito de lavado de dinero u otros activos, puesto que pagó alrededor de 175.000 quetzales guatemaltecos (alrededor de 20.200 euros) por las firmas recolectadas que necesitaba para constituirse.
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