“Nos hubiera gustado cerrar más cosas, como el IBDona, pero no nos han dejado”, afirma Sergio Rodríguez (Vox)
PALMA, 28 (EUROPA PRESS)
El pleno del Parlament ha aprobado este martes tomar en consideración la proposición de ley del PP de transparencia y control de los cargos públicos de Baleares y que contempla la eliminación de la Oficina para la Prevención y Lucha contra la Corrupción.
La propuesta ‘popular’ recupera, como unidad dependiente del Parlament, el Registro de intereses y actividades y crea el Registro de patrimonio de los miembros del Govern y de los cargos públicos de la comunidad autónoma.
La Cámara ha admitido a trámite la proposición de ley con 33 votos a favor, 25 en contra y la abstención del diputado de Sa Unió y presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba.
La futura norma establece la obligatoriedad de todos los cargos a seguir presentando sus declaraciones de bienes, de renta y de incompatibilidades y la Policía, Fiscalía y los órganos judiciales seguirán teniendo acceso a ellas.
El diputado del PP y vicepresidente del Parlamente, Mauricio Rovira, ha señalado que el objetivo de la norma es recuperar y mejorar el sistema anterior y avanzar hacia una administración más eficiente y sostenible que garantice la transparencia y el control de los cargos evitando el gasto actual.
Cabe recordar, igualmente, que los Presupuestos autonómicos de 2024 prevén 50.000 euros para la liquidación de la Oficina, lejos de los 1,5 millones de euros con los que contó este ejercicio que Rovira ha calificado como “desorbitado”.
Rovira, refiriéndose a la memoria de la Oficina del año 2022, ha apuntado que de los 104 expedientes tramitados, el organismo se limitaba a archivar o reenviar las denuncias a las instancias competentes, demostrando así la duplicidad existente.
“No ha tenido ningún papel relevante positivo. No ha añadido nada en positivo, ya que las denuncias que han llegado a la oficina se podrían haber presentado perfectamente de forma directa ante las otras administraciones”.
Rovira ha lamentado igualmente que la Oficina no ha demostrado independencia y ha filtrado “casualmente”, expedientes coincidiendo con otras investigaciones. También ha criticado que se escogiera como director a un alto cargo socialista. El ‘popular’ ha criticado el funcionamiento “claramente parcial” de la Oficina.
“No pretendemos con esta proposición de ley impedir la transparencia y el control”, ha asegurado Rovira, refiriéndose a las normativas ya existentes.
REGRESO A LOS AÑOS DUROS DE LA CORRUPCIÓN
El portavoz adjunto del PSIB en la Cámara autonómica, Marc Pons, ha asegurado que la proposición de ley es “poner alfombra roja” a la corrupción. Para el socialista, la ley crea las condiciones idóneas para volver “a los años duros de la corrupción”.
Pons ha lamentado la “involución” en derechos que sufrirá la ciudadanía y la reducción “al mínimo” las obligaciones de los cargos públicos en materia de transparencia. El diputado del PSIB se ha referido igualmente a la imposibilidad de las denuncias anónimas que, a su juicio, imposibilitará a ciudadanos presentar denuncias por temor a las represalias. Para el socialista, con esta ley el Govern se convierte en “juez y parte”.
Marc Pons ha recordado que 27 entidades de ámbito internacional han pedido la retirada de la ley porque va en contra de la calidad democrática y devalúa el Estado de Derecho.
La portavoz adjunta de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, ha lamentado que durante muchos años, Baleares era famosa por sus escándalos de corrupción y malversación de fondos públicos, que dieron lugar al inició del desprestigio hacia la clase política. La ecosoberanista ha recordado que los ciudadanos de Baleares vieron entrar en prisión a un presidente del Govern, en referencia a Jaume Matas, y a una presidenta del Parlament, en referencia a Maria Antònia Munar.
Maria Ramon ha señalado que la Oficina Anticorrupción supuso un “antes y un después” para Baleares y ha alertado de que PP y Vox quieren volver “a los años más oscuros”. La diputada del PSIB ha rechazado que la Oficina suponga un elevado coste y ha negado que existan duplicidades.
Ante las criticas de que se trate de un “chiringuito”, Ramon se ha referido a la intención de Vox de crear una oficina lingüística dotada con un presupuesto de 750.000 euros para perseguir personas, ayuntamientos, entidades y consejos escolares. La diputada de MÉS ha recordado, además, que con el cierre de la Oficina, se dejarán de investigar más de 200 denuncias.
En relación al coste de la lucha contra la corrupción, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha señalado que es un argumento que “da risa” porque, a su juicio, lo que quieren los ciudadanos es que no se malgaste el dinero público, no que se gaste dinero público en luchar contra la corrupción. El menorquinista ha insistido en que la ley va encaminada a hacer más opaca la prevención de las conductas corruptas.
Por su parte, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha criticado el “cinismo” de que una proposición para eliminar la Oficina Anticorrupción reciba el título de ley de transparencia y ha negado que exista duplicidad con otras instituciones.
“Ustedes van a pasar a la historia por ir en contra de 22 entidades internacionales que han pedido la retirada de la ley. Y usted, señora Prohens será recordada como la presidenta de la república del bote de Cola-Cao”, ha concluido Gómez, recordando el caso de una alto cargo del Govern condenada que guardaba más de 250.000 euros en latas de Cola-Cao.
EL CUBO DE LA BASURA
En su réplica, Mauricio Rovira ha lamentado que la oposición no quiera debatir sobre transparencia o buen gobierno “sino poner el cubo de la basura encima del atril”. El ‘popular’ ha acusado a la izquierda de querer hablar “de la corrupción de los demás pero no de la propia”.
El diputado del PP ha insistido en que el objetivo de la ley no es reducir el control sobre el trabajo de los políticos, rebajar los niveles de transparencia ni “imponer un velo sobre nada” y ha argumentado que las instancias que tienen la obligación y la responsabilidad de luchar contra la corrupción lo van a seguir haciendo.
En su contrarréplica, Marc Pons (PSIB) ha insistido en el argumento del anonimato de las denuncias para evitar el escenario de ‘Sicília sense morts’ y que “si pones una denuncia en Campos te señalen por la calle”.
Cabe recordar que el debate de la toma en consideración de la proposición de ley fue incluida de urgencia en el orden del día por parte del presidente de la Cámara autonómica, Gabriel Le Senne.
CERRAR EL IBDONA
El último en intervenir ha sido el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, que ha celebrado el cierre de la Oficina añadiendo que “les hubiera gustado cerrar más cosas, pero no les han dejado”, en referencia al PP.
“Hubiéramos cerrado el IBDona y otros organismos ineficaces. Éste, por lo menos, podemos cerrarlo”, ha afirmado. Rodríguez ha criticado que el PSIB forzara la dimisión de Jaume Far cuando trató de investigar la compra de mascarillas o la vacunación de altos cargos. Respecto a las denuncias anónimas, Rodríguez ha asegurado que la figura del acusador secreto solo existió en la Santa Inquisición.
La intervención de Sergio Rodríguez, que ha concluido con una referencia a la protección de las mujeres, ha sido recibida con aplausos por parte de la bancada ‘popular’.
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