MURCIA, 25 (EUROPA PRESS)
El Grupo Municipal Popular presentará una moción en el próximo Pleno de la Corporación del jueves 30 de noviembre en la que planteará que el Ayuntamiento de Murcia reafirme su adhesión a la Constitución Española de 1978 y rechace la Ley de Amnistía, el concepto de lawfare o judicialización de la política, y la concesión de privilegios fiscales o económicos a cualquier comunidad autónoma que rompa el principio de igualdad y solidaridad entre los españoles.
La portavoz del PP en el Consistorio, Mercedes Bernabé, ha señalado que el Ayuntamiento de Murcia no puede permanecer callado “ante el ataque más grave al Estado de Derecho en nuestra democracia” que ha supuesto el acuerdo de PSOE con los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. “Unos pactos que profanan la Constitución que fuimos capaces de construir entre todos en 1978”, ha indicado la concejal ‘popular’.
“Pedro Sánchez y el PSOE han dado carta blanca a los independentistas para romper España, han vendido España otorgando una vergonzosa amnistía que anulará jurídica y políticamente la actuación del propio Estado en defensa de los derechos y libertades de todos los españoles”, ha afirmado Bernabé, quien ha recordado que el pacto con Junts, el partido del prófugo Puigdemont, da vía libre a la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña que no tiene cabida en nuestro sistema constitucional.
Asimismo, la portavoz del Grupo Municipal Popular ha recordado que, además de la amnistía, el PSOE ha pactado con los independentistas catalanes la condonación de la deuda pública de Cataluña con el Estado, así como la cesión a la Generalitat de todos los tributos.
“Sánchez ha comprado los votos que necesitaba para la investidura por más de 15.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles. Un precio que pagaremos todos, que provocará una merma en los servicios públicos y que va a crear españoles de primera y de segunda”, ha criticado Mercedes Bernabé, que ha advertido de que el PP de Murcia “no va a consentir que se considere a los murcianos como ciudadanos de segunda”.
Del mismo modo, la moción del Grupo Municipal Popular ha expresado su rechazo a la referencia al lawfare o judicialización de la política incluida en el acuerdo de investidura entre PSOE y el partido del prófugo Puigdemont.
Así, ha recordado que este concepto ha suscitado el rechazo de todas las asociaciones de jueces de España, de los jueces decanos, de los presidentes de la Audiencias Provinciales y del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), “porque viene a negar que España sea un Estado de Derecho y supone un riesgo de quiebra de la separación de poderes”.
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