MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
El líder de Vox, Santiago Abascal, acudirá mañana a Estrasburgo para seguir el Pleno extraordinario en el que se debatirá, a petición de su partido, la situación del Estado de derecho en España y los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez, incluido el proyecto de ley de amnistía a las personas vinculadas con en el ‘procés’.
Así lo indicó la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, antes de acudir a la reunión de la Diputación Permanente, donde denunció que el nuevo Gobierno para formarse “ha tenido que pactar con los que dieron un golpe de Estado y a costa impulsar una ley de amnistía que anteriormente múltiples dirigentes socialistas calificaban como ilegal”.
Por ello, explicó que Vox se querellará hoy por prevaricación contra aquellos letrados que impulsaron ayer un informe “avalando la tramitación de la ley de amnistía”, ya que, a juicio de su partido, han adoptado una medida “sabiendo de su ilegalidad y de su manifiesta inconstitucionalidad”.
“La Mesa del Congreso no es solo un órgano que se dedica a la tramitación, sino que tiene que velar por la preservación del principio de legalidad”, destacó Millán, y denunció que se avale la ley de amnistía “ignorando el informe que emitió el mismo órgano” en 2021 cuando ERC, Junts y CUP presentaron una ley de amnistía y “se declaró inconstitucional”.
“Entendemos que no se trata de un cambio técnico y que este cambio no obedece a criterios legales, sino únicamente oportunistas”, subrayó Millán, quien también comentó que su partido presentó hoy un escrito de reconsideración a la Mesa de esta Cámara para que reconsidere la admisión a trámite de la ley de amnistía y acuerde su suspensión hasta que se inadmita por ser “inconstitucional” e incurrir en “fraude de ley”.
En el escrito, la formación de Abascal señala que la proposición de ley supone “la quiebra del Estado de derecho, la ruptura de la unidad nacional, el respeto a la igualdad de los españoles y la separación de poderes” y abordar las consecuencias de dicha ley detalladas por el Consejo General del Poder Judicial, que son que “crea una clase política impune e irresponsable, ataca la independencia de los tribunales y acaba con el marco de convivencia de los españoles”.
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