“Si perdonan 300 millones a las concesionaria hay dinero para cumplir el acuerdo, es solo cuestión de voluntad política”, señalan
VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos de Mesa Sectorial de Sanidad, salvo CESM, se concentrarán el próximo 27 frente a la Conselleria para exigir a su titular, Marciano Gómez, que cumpla con el acuerdo firmado el 8 de marzo sobre de la jornada de 35 horas semanales y no descartan ir a la huelga si no se ejecuta. De este modo, señalan si Conselleria ha “perdonado 300 millones a las empresas concesionarias hay dinero para cumplir con el acuerdo, solo es cuestión de voluntad política”.
Así, lo han señalado los responsables de SATSE, María Luz Gascó; CCOO, Rosa Atiénzar; UGT, Eva Plana; CSIF, Fernando García; y Intersindical; Pedro Rovira, en declaraciones a los medios, para anunciar un calendario de movilizaciones que será “creciente”, con concentraciones frente a los centros de salud, manifestaciones, incluso una huelga, porque los trabajadores “no tienen ninguna culpa de que haya nuevas elecciones y se cambie el partido político”. “Los pactos están para cumplirlos y llegaremos donde tengamos que llegar”, ha señalado Gascó.
Así, tildan de “insuficiente” el “anuncio verbal” que les ha trasladado la directora general de Personal, Amparo Pinazo, porque “no hay ninguna garantía” de que se aplique la jornada de 35 horas al personal de turno rodado a partir de enero de 2025. Por ello, han vuelto a exigir una reunión “inmediata” con el conseller para analizar el acuerdo.
En ese sentido, Atiénzar ha explicado que la distribución de la jornada del turno fijo de 35 horas de lunes a viernes es “una medida que el conseller puede poner en marcha sin modificar lo pactado, porque la ley le reconoce esa competencia”. Sin embargo, la unidad sindical exige a Gómez la implantación de las 35 horas para todos los trabajadores de la sanidad, también para los de turno rodado, y ha apuntado que “si existe alguna dificultad técnica que impide poner en marcha la jornada acordada de 35 horas, que se iba a implantar de forma a de manera gradual y programada desde 2023 hasta 2025, la solvente con celeridad”.
En ese sentido, ha recalcado que los Hospitales no cierran a las 15.00 horas ni los sábados y domingos y el personal de turno rodado “también tiene que tener esa mejora de las condiciones como figuraba en el pacto firmado que y la atención a la ciudadanía”.
Así, ha advertido que dejar de lado lo acordado supone estar de nuevo en una situación de “desventaja” respecto a otras comunidades autónomas, que sí tienen una jornada de 35 horas, entre otras mejoras laborales, y puede provocar una fuga de profesionales.
Al respecto, reprochan que Conselleria alega para incumplir el pacto que no tenía memoria económica, cuando ahora los sindicatos “ni siquiera tenemos un papel donde se refleje este compromiso” y recalcan que aún pueden presentarse enmiendas a los Presupuestos de este año para cumplirlo.
De este modo, rechazan el argumento de Conselleria de que la aplicación del acuerdo firmado supondría contratar entre 1.600 y 2.000 profesionales sanitarios que la Administración considera “imposible de lograr”. “Con esos 300 millones de euros perdonados se puede crear mucha plantilla, muchos más de los 2.000 puestos que dice el conseller que hacen falta”, apuntan.
DEVOLVER LAS JORNADAS
Además, desde UGT Eva Planas señala que “sorprende” que sí se hayan puesto en marcha otras medidas que contemplaba el acuerdo, como la del periodo vacacional con carácter voluntario desde el 15 junio al 15 de octubre, pero “se resistan a cumplir el resto” y ha criticado que las personas que disfrutaba de estas vacaciones en este periodo podían añadir los tres días de reducción de jornada que se habían pactado y que ahora se les están pidiendo que las devuelvan.
Por todo ello, Fernando García, de CSIF, ha señalado que los profesionales sanitarios están “muy decepcionados” con el conseller y le ha exigido que les entregue su propuesta “por escrito, de forma legal y con todos los aspectos que tiene que llevar un acuerdo de mesa sectorial” y Pedro Rovira, de Intersindical, considera “una aberración total y una falta de respecto a los trabajadores que se condonen 300 millones de deuda a empresas concesionarias y luego digan que no tienen dinero”.
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