MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha anunciado recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la Sala de lo Penal de declarar prescrita la causa contra la exetarra Natividad Jáuregui, alias ‘Pepona’, por su presunta implicación en el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en Bilbao en 1981.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que tanto el representante del Ministerio Público como la acusación particular que ejerce la familia pedirán al alto tribunal que revierta esa decisión, que supuso declarar extinta la responsabilidad penal de Jáuregui y su puesta en libertad.
Fue a principios de este mes de noviembre cuando la Sala de lo Penal estimó el artículo de previo pronunciamiento planteado por la defensa de Jáuregui, que en una vista celebrada el pasado mes de octubre alegó que los hechos habrían prescrito. La Fiscalía, sin embargo, pidió que se juzgase a la etarra por el atentado.
En este sentido, los magistrados de la Sección Segunda acordaron su puesta en libertad con la obligación de comparecer ante el órgano judicial los días 3 de cada mes, la designación de domicilio y la prohibición de salida del territorio, así como la retirada del pasaporte.
EL ARGUMENTO DE LA SALA
En su resolución, la Sala hace un repaso del procedimiento judicial desde la comisión de los hechos el 19 de marzo de 1981 y recuerda que los hechos prescribirían 20 años después. Así, analizan si en esas dos décadas se produjo alguna actuación judicial que pudieran interrumpir la prescripción, como sostuvo el fiscal Carlos Bautista.
Sin embargo, los magistrados concluyen que “no existe ningún acto de interposición judicial que dirija el procedimiento contra Natividad, ninguna resolución motivada que le haya atribuido su presunta participación en los hechos si no es desde la fecha del auto de procesamiento de 1 de diciembre de 2005”.
Jáuregui, en prisión hasta el dictado de esta resolución, fue procesada por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche en Bilbao el 19 marzo de 1981, cuando salía de misa en la Basílica de Begoña, a causa de los disparos de las armas que portaban ella y otro de los miembros del ‘comando Vizcaya’ Francisco Javier Zabaleta Urretavizcaya, actualmente fallecido.
HUIDA A FRANCIA Y MÉXICO Y VUELTA A EUROPA
‘Pepona’ huyó a Francia en 1978 por su presunta relación con las actividades del comando ‘Iskulin’. Posteriormente, entre enero y julio de 1981, pasaría a formar parte, ya como miembro ‘liberado’, del comando ‘Vizcaya’, participando en diversos atentados cometidos a lo largo de ese año en dicha provincia, varios con resultado de muerte, entre ellos el atentado para cuyo enjuiciamiento es ahora objeto de entrega a España.
Tras su regreso a Francia y permanencia clandestina en aquel país, huyó a México, donde sería localizada en 2002 con ocasión de la detención y posterior entrega España de otro miembro de ETA, José Antonio Borde Gaztelumendi.
Después regresó de forma clandestina a Europa y se instaló en Bélgica, donde sería localizada y detenida en la ciudad de Gante en 2013, como resultado de una operación culminada por la Policía Judicial Federal de Bélgica, que contó con la colaboración de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.
EUROORDEN REACTIVADA TRAS ESTRASBURGO
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 reactivó la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) en octubre de 2019 después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenara a Bélgica a indemnizar a los hijos del teniente coronel por falta de cooperación en la investigación que se siguió en España contra la etarra.
Estrasburgo concluyó que las autoridades belgas no cumplieron con la “obligación de cooperar” con España para investigar y juzgar su posible participación en el asesinato del teniente coronel Romeo, porque no se llevó a cabo un examen riguroso de las euroórdenes.
La entrega se hizo efectiva después de que el Tribunal de Casación belga confirmara un mes después, el 17 de noviembre de 2020, una primera sentencia del Tribunal de Apelación de Gante que ordenaba la entrega de Jáuregui a España, momento a partir del cual empezó a correr el plazo de diez días para que Bélgica ejecutara la orden.
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