Alertan de la vuelta a la patologización del colectivo trans y acusan a Ayuso de ignorar el consenso social y científico
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Diferentes organizaciones LGTBIQ+ de la Comunidad de Madrid han destacado, entre la “sorpresa” y la “indignación” por la intención del Gobierno de la Comunidad de Madrid y del PP de reformar las leyes LGTBI y Trans de la región y derogar buena parte de su articular, el “ensañamiento” que, a su juicio, se ha producido en todo lo relacionado con el ámbito educativo.
Así lo han constatado en declaraciones a Europa Press diferentes representantes de estas organizaciones, como COGAM, Arcópoli o la Plataforma Trans, las cuales se han felicitado, además, por la “contundencia” de la respuesta ciudadana a la manifestación convocada el lunes en la Puerta del Sol contra la intención del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea y el Ejecutivo autonómico, la primera de una serie de movilizaciones contra esta medida, han advertido.
En concreto, la Ley LGTBI deroga una veintena de artículos y cambia la redacción de cuatro. En la misma se eliminan conceptos como la autodeterminación de género o la inversión de la carga de la prueba, así como la discriminación por error o la coeducación.
También retoca aspectos sanitarios y elimina la necesidad de un informe de impacto LGTBI para las normativas de la Comunidad, al tiempo que se quita el artículo destinado al reconocimiento y apoyo institucional del colectivo por parte del Ejecutivo regional.
Una de las partes centrales de esta modificación es el ámbito educativo, que concentra cinco de los veinte artículos derogados. Se trata de los que desarrollan el Plan integral sobre educación y diversidad, el que ataja el acoso escolar, el que aborda la inclusión del respeto y la pedagogía LGTBI en los currículos, la incorporación de la realidad LGTBI en los planes de estudio y la formación del personal docente. Por último, elimina el régimen sancionador.
En el caso de la modificación de la Ley Trans se centra en la eliminación del concepto de identidad de género. Se quitan los contenidos relativos a la materia en la educación, se instaura que los menores deberán pasar por inspección pediátrica antes de acceder al tratamiento y se deja de considerar “discriminación” la atención psicológica o las valoraciones psiquiátrica. También saca del texto las infracciones y sanciones que incluye actualmente la ley.
“TERMINOLOGÍA PATOLOGIZANTE”
El presidente de COGAM, Ronny de la Cruz, ha puesto el foco en la vuelta al uso de “terminología patologizante” en la redacción de leyes, como el término “personas con la condición de transexualidad”, que, según lamenta, estaba “ya superado”.
En este sentido, recuerda que la comunidad científica ya se ha pronunciado en contra de esta terminología que “no es adecuada ni respeta la dignidad de las personas”.
A esto suman desde COGAM las dificultades que va a generar para las personas trans las medidas incluidas en materia sanitaria, como las relativas a la supresión de la autodefinición de género o la necesidad de contar con informes médicos. Para su presidente, esto supone “volver a reorinetar y recentralizar” a estas personas hacia unidades de género cuando “había opciones para que estuviera descentralizado”, lo que se suma a las complicaciones en los procesos para “registrar la identidad sentida”.
Por lo que se refiere al ámbito educativo, Ronny de la Cruz critica que se elimine la obligación de incluir planes contra la discriminación por LGTBIfobia en escuelas, un “paso muy importante” que se había dado “aunque se cumpliera de aquella manera”.
En esto coincide el coordinador general de Arcópoli, Luis Fernando Rosales, quien reconoce que a pesar de los anuncios del PP y del Gobierno regional de que reformarían estas leyes, no esperaban que fuera de este calado ni que se “ensañara” de esta forma con los menores, a los que, advierte “pone en peligro” en los centros educativos.
También Ronny de la Cruz admite que confiaban en que la anunciada reforma fuera “más cosmética”, por lo que su contenido ha generado “sorpresa”, además de “preocupación, miedo y rabia”, ha precisado Luis Fernando Rosales.
Desde COGAM asegura que las movilizaciones van a continuar y mantendrán contactos con grupos políticos y otras entidades con las que trabajar juntos en el posible recorrido legal para tratar de impedir estas reformas, después de que ayer mismo PSOE y Más Madrid anunciaran su intención de acudir a los tribunales contra estas modificaciones.
CARTAS A LOS GRUPOS, A SÁNCHEZ Y AL DEFENSOR DEL PUEBLO
Sobre este punto, la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha confirmado que hoy mismo han enviado sendas cartas tanto a los grupos PSOE y Más Madrid, como al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, par que de forma conjunta y “al amparo del Artículo 162 de la Constitución española”, se pueda presentar el correspondiente recurso de inconstitucionalidad contra las normas reformadas que persigue el Ejecutivo autonómico de la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso.
Cambrollé se ha mostrado más optimista que sus homólogos respecto al recorrido legal de estas reformas debido a la existencia de una legislación estatal, pero ha acusado a Díaz Ayuso de hacer “propaganda populista” con un “marcado tinte ultraderechista y negacionista” de los derechos de las personas trans y LGTBI que teme, eso sí, que sirva de “referente” para otras comunidades autónomas.
Sobre este punto, Rosales sostiene que hay cuestiones que “pueden ser salvables” por entrar en contradicción ley estatal, una norma de rango superior, pero advierte de que el problema radica en aquellas competencias autonómicas como Sanidad y Educción. “Incide donde puede meter mano. Si por ella fuera derogaría todo”, ha subrayado el coordinador general de COGAM en alusión a la presidenta regional.
La presidenta de la Plataforma Trans ha puesto el foco en la “patologización” del colectivo trans a pesar de que “la Organización Mundial de la Salud lo despatologizó en 2018”, por lo que ha acusado a la presidenta regional de vivir “de espaldas a la sociedad, a las recomendaciones de Europa y al gran consenso colectivo”.
Sobre el recorrido judicial de los recursos, desde COGAM subrayan que la falta de justificación, a su juicio, de la vía de urgencia escogida para el trámite parlamentario, puede “facilitar determinadas acciones” contra este movimiento legislativo que “no ha lugar” y que supone “un retroceso de derechos”.
“YA EXISTÍA UNA SEGURIDAD JURÍDICA”
Para Ronny de la Cruz, ya existía una “seguridad jurídica” con los anteriores textos, por lo que rechaza uno de los argumentos de los promotores de la reforma y cree que se genera una ambigüedad en torno cuestiones como la prohibición de las terapias de conversión a la que “se pueden agarrar determinados sectores” para llevar a cabo esa “tortura psicológica”. “Les va a dar más facilidad”, advierte.
A juicio de Luis Fernando Rosales, por su parte, el PP de Madrid ha adoptado “el camino de la ultraderecha” con esta modificación sobre cuya paralización no se muestra optimista. El coordinador general de Arcópoli ha lamentado que Díaz Ayuso abogue “por la libertad sólo para los suyos” y ha reivindicado el “derecho a ser, existir, expresarse y tener una identidad”.
Ante la polémica suscitada por el anuncio de modificación, la propia presidenta de la Comunidad ha defendido que al colectivo LGTBI no se le quita “un solo derecho” y ha retado a señalar “uno solo” que “se le haya quitado absolutamente a nadie”.
Por su parte, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana defendió que los planes contra el acoso en la aulas madrileñas continuarán “con mayor rigor científico” y ha subrayado que “en ningún caso” se recortan derechos, sino que éstos “se refuerzan y mejoran”.
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