Propone extinguir responsabilidades contables en casos que estén siendo tramitados, “salvo” aquellos con sentencia firme y ejecutada
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán obligaría al Tribunal de Cuentas (TCu) a perdonar hasta 5 millones de euros en concepto de responsabilidad contable a unos 35 ex altos cargos catalanes por el supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat, pero dejaría intacto el dinero abonado por el expresidente Artur Mas y otros cargos condenados por los gastos de la consulta del 9-N cifrados en 4,9 millones de euros.
Según consta en el texto que se presentará ante el Congreso, con la amnistía quedarían “extinguidas las responsabilidades civiles y contables, incluidas las que estén siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas, salvo aquellas que ya hubieran sido declaradas en virtud de sentencia o resolución administrativa firme y ejecutada”.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que con dicha redacción la amnistía abarcaría el procedimiento que se sigue contra el expresidente y líder de Junts Carles Puigdemont y otros 34 excargos del Govern, pero no tendría efectos en la causa relativa al 9-N, sobre la que ya se dictó sentencia firme.
PENDIENTE DEL TEDH
Mas fue condenado por el Tribunal de Cuentas a abonar de forma conjunta y solidaria 4,9 millones de euros más intereses por la consulta de noviembre de 2014. Según las fuentes consultadas, de la proposición se entiende que ninguna multa pagada se va a devolver.
Otras voces, sin embargo, aseguran que cabe otra interpretación porque la condena a Mas –aunque ya agotó la vía nacional– está recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Aún así, las fuentes hacen hincapié en el apartado segundo del artículo 8, en el que se establece que, “sin perjuicio” de lo anterior, “la amnistía otorgada dejará siempre a salvo la responsabilidad civil que pudiera corresponder por los daños sufridos por los particulares”. En este sentido, explican que la proposición deja la puerta abierta a que se presenten demandas civiles para reclamar daños.
AMNISTÍA AL 1-O Y LA ACCIÓN EXTERIOR
En la proposición se fija que la amnistía abarcará más de una década del ‘procés’: desde el 1 enero de 2012 –pasando por la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y los disturbios tras la sentencia del ‘procés’ en 2019– hasta este lunes 13 de noviembre.
La propuesta contempla que queden amnistiados los actos determinantes de “responsabilidad penal, administrativa o contable” ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña. Y, en el caso del órgano fiscalizador, precisa: “La amnistía se aplicará por el Tribunal de Cuentas en cualquier fase del proceso”.
Así las cosas, la propuesta abarcaría el procedimiento que está pendiente de juicio en el TCu. Cabe recordar que aún está fijado para este viernes 17 de noviembre la vista para enjuiciar a Puigdemont y otros 34 excargos del Govern.
En dicha causa, la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados por los gastos del 1-O y la acción exterior; ello tras rebajar las estimaciones iniciales del propio tribunal, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 de estos ex altos cargos del Govern.
La lista total de los 35 incluye al propio Puigdemont, a su exvicepresidente Oriol Junqueras o a Mas. También recoge los nombres de exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
Fuentes del Tribunal de Cuentas recuerdan que las defensas y/o las acusaciones –en este caso ejercidas por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana– aún pueden pedir a la consejera de cuentas que suspenda la vista del viernes. Aunque señalan que no está claro que ésta se decante por suspender el acto, dado que la ley no estará aprobada aún.
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