SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha señalado que está colaborando mayo con la Oficina Antifraude “con total transparencia y lealtad” a fin de aclarar que “no existe incompatibilidad” del director general de Pesca y Agricultura.
Asimismo, la Junta ha detallado a través de un comunicado que, desde se abrieron las actuaciones preliminares, “se ha venido aportando toda la información acreditativa”. En la documentación aportada “se explican las causas por las que no se aprecia supuesto alguno de incompatibilidad por parte del director general de Pesca y Acuicultura a lo que han hecho referencia los medios de comunicación”, ha añadido.
Se detalla que, tras la modificación sufrida en el artículo 5.1 de la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Andalucía, éste dio “fiel cumplimiento” al cambio normativo mediante la enajenación de las participaciones sociales que ostentaba. Este cambio se recoge en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, reflejando en el mismo que el director general de Pesca “procedió a la transmisión o venta de dichas participaciones mercantiles durante los años 2019 y 2021”, por lo que en la actualidad, “no cuenta con ninguna vinculación empresarial”.
Respecto a la información publicada sobre concesión de ayudas al sector pesquero, la Consejería informa de que el director general de Pesca decidió inhibirse de los procesos de resolución de estas ayudas que, de forma habitual, se conceden al sector para compensar la parada de actividad y para la modernización, habiendo sido asumidas dichas resoluciones por la Secretaría General Técnica.
Además, la Junta ha destacado que la propuesta de resolución de ayudas parte de los departamentos técnicos de las distintas Delegaciones Territoriales para su elevación a una Comisión Técnica, formada por funcionariado de la propia Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, para su evaluación y determinación final de las ayudas.
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha puesto de relieve la “calidad democrática y transparencia” del actual Gobierno andaluz que “decidió impulsar un instrumento tan valioso y pionero en la comunidad como la Oficina Antifraude de Andalucía y pide que éste sea utilizado con la rigurosidad que se requiere”.
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