MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
El PP de Madrid registró este viernes en la Asamblea regional dos proposiciones de ley para modificar la ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección integral contra la Lgtbifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.
A través de un comunicado, el Grupo Parlamentario Popular detalló que se solicita su tramitación por el procedimiento de urgencia con el objetivo de dar “mayor claridad y seguridad jurídica”, así como “eliminar algunos aspectos como la inversión de la carga de prueba sin menoscabo de continuar con la garantía y protección de los derechos de las personas trans y Lgtbi”.
De este modo, se modificarán las leyes trans y Lgtbi por la vía de urgencia, lo que supondrá cumplir uno de los compromisos que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, expresó en su discurso de investidura.
“La presente modificación legislativa busca evitar que la causa de la igualdad ante la ley y la no discriminación se convierta en un instrumento de ingeniería social, que confunda ciertas doctrinas de parte con los derechos fundamentales, en cuya defensa están comprometidos todos los españoles”, se recoge en el texto.
Así, también se indica que esta modificación “pretende corregir algunos aspectos, ya fueran de buena fe o movidos por el afán de imponer ciertas doctrinas conocidas como de género, que acababan conculcando derechos como la libertad de expresión y de prensa, y la libertad de cátedra y educativa”.
CRÍTICAS DE MÁS MADRID
Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Parlamento autonómico, Mónica García, indicó que esta reforma “allana el terreno a los comportamiento violentos”. “Es una derogación camuflada”, añadió en declaraciones a los medios de comunicación.
En ese sentido, opinó que “se trata de una reforma de la ley trans que le quita los derechos y el reconocimiento a las personas trans, las patologiza”, lo que supone, a su juicio, un “retroceso legislativo”.
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