HUELVA/BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)
Representantes de la Federación Andalucía Acoge y el eurodiputado del Grupo de la Izquierda, Manuel Pineda, han presentado en Bruselas (Bélgica) las conclusiones del informe ‘Asentamientos 2022. Consecuencias de la Discriminación en los Asentamientos de la provincia de Huelva y la Comarca de Níjar (Almería)’, un estudio sobre las situaciones de “discriminación en el acceso a los derechos de las personas migrantes que viven que trabajan en el campo andaluz”.
Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la delegación de Andalucía Acoge –con integrantes del equipo directivo y técnicos tanto de la federación como de la asociación federada de Huelva Acoge– y el eurodiputado andaluz de Izquierda Unida se han reunido con el equipo del comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Nicolas Schmidt, para trasladarle “las condiciones de infravivienda y falta de acceso a agua y electricidad”, pero también “la explotación laboral y las irregularidades administrativas que sufren los migrantes”.
En la posterior comparecencia ante los medios de comunicación que ha tenido lugar en la sede del Parlamento europeo, Pineda, que ha visitado hasta en cuatro ocasiones los distintos asentamientos andaluces, ha asegurado que los temporeros viven en “condiciones inhumanas”, toda vez que ha señalado las provincias de Almería y Huelva como “las más afectadas”.
“Viven peor que el propio ganado y eso tiene una responsabilidad política clara”, ha enfatizado el dirigente malagueño, quien también ha pedido que la Comisión Europea “debe tomar medidas”, invitando al comisario a visitar la zona y comprobar de primera mano “este ataque a los derechos humanos”.
Por su parte, el coordinador del informe presentado por Andalucía Acoge, Ángel Madero, ha destacado la “importancia” de que la sociedad europea “conozca la realidad compleja y extremadamente difícil que viven miles de trabajadores del campo para que la fruta y las verduras lleguen a las casas de Europa”.
“Estamos hablando no solo de personas en situación irregular. En torno al 30%, según el mapeo que realizamos, están en situación administrativa regular y se les está negando el acceso a servicios tan básicos como el agua o a la electricidad, más allá de otros derechos sociales esenciales como el acceso a la vivienda, la sanidad pública –el 60% de las personas consultadas tiene dificultad para obtener una cita médica– o el sistema social de cada municipio”, ha aseverado.
Por otra parte, ha señalado que algunos de los datos “más significativos” de esta investigación son que “más del 95% de las personas manifiestan no tener vacaciones –67% en Huelva y 22% en Níjar– y en muchos casos ni siquiera descanso dentro de la jornada laboral, que pueden llegar a ser de siete días a la semana y de diez horas al día”, y que “aun así no les aseguran cobrar lo que establece el convenio, un 94%, en Huelva, y un 88%,en Níjar, cobran por debajo del jornal”.
Por todo ello, Emma González, de Huelva Acoge, ha instado a las instituciones a “intensificar” las inspecciones laborales y “perseguir esos abusos”, así como se ha detenido en la “especial situación de vulnerabilidad y violencia” que viven las mujeres en los asentamientos, señalando que “son víctimas de trata sexual y laboral, víctimas de violencia machista” y que “pasan mucho miedo en los asentamientos”.
Por su parte, Keltouma Amagrout, trabajadora de Huelva Acoge ha denunciado “en primera persona” la “invisibilidad de todas estas personas” a las que “solo quieren ver en el campo. No nos quieren ver en las tiendas o en los bares”, ha sostenido.
No es la primera vez que la situación de los asentamientos ilegales de Andalucía llega a la capital comunitaria. En marzo de este año, y también a iniciativa de Manu Pineda, se registró en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara una iniciativa para que las instituciones europeas “tomasen medidas urgentes”. En esa ocasión el Coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, señaló la “dejadez” de la Junta de Andalucía como una de las principales causas de la situación actual.
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