TOLEDO, 7 (EUROPA PRESS)
La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha organizado este martes en Toledo sus XXIII Jornadas de Justicia Constitucional, un evento que, a través de profesores y magistrados, como el exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón o el juez decano de Toledo, José Ramón Bernácer, abordará los problemas actuales de la justicia constitucional, tales como las sentencias sobre la Ley del Aborto o la Ley de Eutanasia, dejando de lado otras cuestiones actuales como una posible ley de amnistía por el procés catalán ya que “no tiene hoy en día un texto ni tampoco una sentencia del Tribunal Constitucional”.
Así lo ha explicado el catedrático de Derecho Constitucional y codirector de las jornadas, Francisco Javier Díaz Revorio, en declaraciones a los medios, donde ha explicado que los temas relativos al derecho a la vida han sido “los más relevantes del año”, en ambos casos confirmándose la constitucionalidad de ambas normas.
En este sentido, ha detallado que en las jornadas, como es habitual, se ha traído a expertos “para que cada uno dé su opinión”, como por ejemplo dos magistrados que tuvieron distinta posición en el debate sobre la Ley del Aborto.
“A partir de ahí, los escuchamos y los alumnos tienen que sacar sus propias conclusiones. Nosotros les damos todas las opiniones, todos los elementos de juicio”, ha incidido.
Además, también se van a tratar temáticas relativas a otros países, como la sentencia del año 2022 del Tribunal Supremo de Estados Unidos, “muy interesante y que cambió absolutamente su jurisprudencia anterior en materia de aborto”.
A las jornadas asisten más de 100 personas, entre las que se incluyen alumnos de grado y de máster, así como profesionales interesados en la materia.
CAMBIOS EN LA CONSTITUCIÓN
Por otra parte, preguntado por qué cambios podrían realizarse con consenso en la Constitución actual, Díaz Revorio ha asegurado que “hay cosas que se pueden cambiar y hay consenso en la cuestión, pero no hay consenso en el momento”.
En este sentido, ha recordado que en la anterior legislatura había un proyecto “con texto” para cambiar “un artículo tan sumamente obsoleto como el que se refiere, literalmente, a la protección de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”.
“Hoy en día no es solo una cuestión de terminología sino incluso de concepto de protección, esto lo consideramos muy anticuado y había un texto que hablaba de personas con discapacidad y derechos de las personas con discapacidad. Yo creo que nadie ha cuestionado ese texto, lo que pasa es que nadie se pone a decir: vamos a abrir de verdad la reforma constitucional”, ha abundado.
También ha puesto como ejemplo el articulado que habla sobre la Corona, “donde todavía prevalece la preferencia del varón sobre la mujer”, un tema que “de momento no está planteando un problema” pero “no deja de ser una contradicción con el principio de igualdad”.
“Pongo dos ejemplos a lo mejor menores, pero yo creo que sí hay cosas en las que hay acuerdo en el qué, pero no hay acuerdo en el cuándo ni en el cómo”, ha aseverado, considerando que ese acuerdo para reformar la Constitución no se produce “porque si se empezara, habría otras cuestiones donde hay menos consenso” como las vinculadas como el Estado autonómico o el reconocimiento de “determinadas naciones dentro de lo que se llama el Estado plurinacional”.
En cualquier caso, el catedrático ha considerado que hay dos opciones, la de “emprender aquellas reformas que aunque puedan parecer menores hay un consenso muy amplio” o esperar a una reforma “más global” y “de más calado”, aunque ha opinado que “no podemos estar infinitamente postergando la reforma porque no tenemos acuerdo”. “El acuerdo hay que buscarlo”, ha apostillado.
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