MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobó este martes el Acuerdo por el que se establecen los criterios de distribución, para el año 2024, del Fondo procedente de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, cuya cifra viene “oscilando” en torno a los 30 millones de euros en los últimos años, según cálculos de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
El Fondo de Bienes Decomisados está integrado por los bienes, efectos e instrumentos decomisados por sentencia firme en procesos por narcotráfico y otros delitos relacionados y en su distribución para el próximo ejercicio se prestará se prestará “especial atención” a aquellos programas y actuaciones que vayan a ejecutarse en cumplimiento de la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 y de los Planes de Acción vigentes que la desarrollen.
Por lo que respecta a sus beneficiarios y destinatarios, estos son la propia Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, comunidades autónomas y entidades locales, además de ONG y entidades privadas sin ánimo de lucro de ámbito estatal.
Asimismo, también son destinatarios los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con competencias en materia de narcotráfico, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Fiscalía Especial Antidroga, cualquier organismo de la administración general con competencias para el desarrollo de programas o acciones relacionados con el control de la oferta de drogas y organismos internacionales, entidades supranacionales y gobiernos extranjeros.
El producto de estos bienes está destinado a intensificar las actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión estos delitos, prevención de toxicomanías, asistencia e inserción social y laboral de drogodependientes y cooperación internacional en la materia.
BENEFICIARIOS Y PROGRAMAS
Sus beneficiaros son la propia Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, otros organismos o entidades públicas de la Administración General del Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales, ONG o entidades privadas sin ánimo de lucro, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, los organismos internacionales con competencias en la materia y las entidades supranacionales y gobiernos de otros Estados extranjeros.
Por lo que se refiere a la financiación de programas concretos, al igual que en años anteriores la distribución del fondo se centrará en programas y actuaciones acometidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT o cualquier otro beneficiario del Fondo, en materia de lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas relacionadas con las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
También, aquellas dirigidas a captar y desarrollar información operativa y estratégica y a mejorar los sistemas de transmisiones y comunicaciones, desarrollar y actualizar los sistemas informáticos, incrementar los medios materiales necesarios para la detección e investigación analítica de drogas y su almacenamiento y destrucción, y promover la formación de recursos humanos.
De otro lado, financiará programas de prevención de toxicomanías y otras adicciones, asistencia a drogodependientes y personas con problemas de adicción e inserción social y laboral de los mismos con programas de sensibilización y prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitario y de los nuevos patrones de consumo y adicciones, así como de las enfermedades transmisibles asociadas al consumo de drogas, “especialmente” por vía parenteral, de la comorbilidad psiquiátrica asociada a las adicciones y de los problemas generados por las nuevas sustancias y los nuevos patrones de consumo y adicciones.
MENORES DE EDAD, PROFESIONALES Y MUJER
Junto a ello serán financiados proyectos de intervención, tanto en el ámbito asistencial como de la inserción social y laboral, con menores afectados o en situación de riesgo; personas que sufren adicciones, con problemas judiciales, de salud mental o internados en instituciones penitenciarias y poblaciones de riesgo o en situación de vulnerabilidad social.
En paralelo, los fondos también permitirá sufragar programas de formación y reciclaje de profesionales, voluntarios y mediadores sociales en prevención de toxicomanías y otras adicciones, asistencia y reducción de daños en drogodependientes e inserción social y laboral de los mismos.
Además, financiará proyectos y programas sobre drogodependencias y otras adicciones que incluyan la perspectiva de género y actuaciones en el ámbito internacional destinados a la cooperación internacional para la lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, a la prevención de toxicomanías, asistencia y reinserción social y laboral de usuarios de drogas, a la mejora y facilitación del intercambio de información, experiencia y buenas prácticas entre países y con las diferentes instituciones y organismos internacionales con competencias en toxicomanías y otras adicciones, así como al impulso de las actividades de formación de los diversos interlocutores implicados en esta área.
Por último, permitirá la financiación de otros programas o actividades concretas que, por su “especial interés o interdisciplinariedad”, requieran una ejecución “inaplazable” en el ejercicio 2024.
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