El juicio tendrá lugar el próximo día 6 de noviembre en la Audiencia Provincial
LOGROÑO, 4 (EUROPA PRESS)
El Fiscal solicita una pena de tres años y seis meses de prisión así como una indemnización de 152.014,41 euros para una persona acusada de un delito de estafa al engordar los presupuestos de sus proveedores y emitir facturas falsas -por importe superior al que correspondía el trabajo desarrollado- a otra empresa para poder cobrarlos.
Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, una empresa y el hoy acusado suscribieron un contrato de arrendamiento de servicios que tenía por objeto “la gestión para la ejecución de unas obras de urbanización y construcción pendientes de ejecutar en Briones”.
Como la empresa “carecía de personal laboral a su cargo en La Rioja”, el procesado procedió a coordinar diversas empresas de gremios contratadas, además de materiales y actuaciones necesarias para la buena marcha de la obra, realizando igualmente el control de los presupuestos de los contratos suscritos con diversos oficios.
Además de las anteriores funciones, el acusado presentaba también presupuestos de los distintos gremios a los administradores de la empresa “para que éstos decidieran cuál era el más interesante de acuerdo a criterios técnicos, económicos y de plazo de ejecución, coordinaba los gremios y pagaba personalmente a todos los oficios”.
Tras realizar estos trabajos, en mayo de 2012 a dicha empresa le fue notificado un Acuerdo de Inicio de Expediente de Derivación de Responsabilidad Solidaria en el que se concluía que durante los ejercicios 2008 y 2009 “se habían emitido facturas por importe superior al que corresponde al trabajo desarrollado con la única finalidad de aparentar ingresos y gastos y, en consecuencia, cuotas repercutidas y soportadas en IVA que no se encuentran sustentadas en el ejercicio de la actividad desarrollada”.
PRESUPUESTOS POR IMPORTE “SUPERIOR AL REAL”
Alertados por la anterior comunicación de la Agencia Tributaria, los responsables de la empresa realizaron diversas comprobaciones sobre la gestión de la obra por parte del acusado, llegando a determinar que éste, actuando con el propósito de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial, contactó con varios proveedores y negoció con cada uno de ellos el precio de la parte de la obra que habrían de ejecutar.
A estos les decía “que no les adjudicaría sus respectivos contratos si no accedían a sus condiciones y presentaban presupuestos por importe superior al real en cada caso”.
“Alcanzado el acuerdo y ejecutada la parte de obra o prestado el servicio correspondiente, el acusado procedía a pagar a cada uno de esos gremios a través de pagarés, en efectivo o con cheques”.
En la mayoría de estos casos el acusado, bajo el concepto de “trabajos de realización de presupuestos” u otros análogos, pretendía justificar contable y documentalmente la cantidad por él cobrada.
El acusado empleó este modus operandi con diferentes profesionales y empresas con un gran perjuicio patrimonial para la empresa.
Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de estafa por lo que procede imponer al acusado la pena de 3 años y 6 meses de prisión así como una indemnización para la empresa de 152.014,41 euros por las cantidades totales defraudadas.
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