Las ayudas a las entidades locales para 2018, primer paso de una Estrategia de Inclusión que beneficiará a más de 900.000 personas
La Junta de Andalucía financiará este año con 28 millones de euros los planes locales de intervención que desarrollarán los ayuntamientos y diputaciones provinciales en 99 zonas desfavorecidas de 65 municipios de la comunidad. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha informado de la correspondiente convocatoria de ayudas, publicada en el BOJA una vez resuelta la dirigida al diseño previo de la planificación.
Con estas subvenciones, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Social Europeo, arranca la recientemente aprobada Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, que supondrá una inversión total de 169,5 millones hasta 2022 para mejorar la calidad de vida de las más de 900.000 personas residentes en estos enclaves urbanos.
Las ayudas a entidades locales para 2018, que se completarán próximamente con los 9,3 millones previstos para las entidades privadas sin ánimo de lucro, se dirigen básicamente a reforzar el personal de los Servicios Sociales comunitarios en las zonas de intervención y facilitar la contratación de profesionales de la Psicología y el trabajo y la Educación Social.
Estas áreas, en su mayor parte entornos urbanos afectados por barreras físicas y con elevada población en situación vulnerable, han sido seleccionadas teniendo en cuenta, entre otros indicadores, la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios, los índices de fracaso escolar, las carencias formativas profesionales y los problemas de vivienda, deterioro urbano, seguridad y convivencia.
Del total de zonas, 18 corresponden a la provincia de Cádiz, 14 a Málaga y otras 14 a Sevilla. Les siguen Granada (13), Jaén (12), Almería (11), Huelva (9) y Córdoba (8). La intervención en ellas se desarrollará a través de planes locales cuatrienales, promovidos por los ayuntamientos en los 43 municipios de más de 20.000 habitantes que se incluyen en la estrategia y por las diputaciones provinciales en los 22 de población inferior a esta cifra.
Los planes abarcan las distintas políticas sectoriales que las administraciones autonómica y local desarrollan en estos territorios, especialmente las vinculadas a facilitar el acceso a los sistemas de protección social y la inserción sociolaboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión. Entre sus medidas concretas, destacan las dirigidas evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención a las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria; reforzar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.
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