Representantes de la Fundación Egiari Zor acudieron al Ararteko para denunciar un “trato discriminatorio” en comparación con otras víctimas
VITORIA, 3 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo vasco-Ararteko ha solicitado al Departamento de Justicia del Gobierno Vasco que “ponga todos los medios a su alcance para resolver en plazo” las solicitudes de reconocimiento de todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos que se encuentren en tramitación, incluidas las víctimas de tortura.
En un comunicado, la institución ha informado de que representantes de la Fundación Egiari Zor acudieron al Ararteko para plantear varias cuestiones y reflexiones, entre las que mostraron “un sentimiento de trato discriminatorio hacia las víctimas de la tortura, en comparación con otras víctimas”
También pidieron “el fin de la naturalización de las violaciones de los derechos humanos” y denunciaron que la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, no ha sido desarrollada por ningún reglamento y pusieron de manifiesto las “dificultades y la dilación” de las tramitaciones.
Ante estos hechos, el Ararteko ha llevado a cabo una serie de actuaciones, como es la emisión de un informe en el que se señala el contexto internacional y los instrumentos de protección legal del delito de tortura, y también ha mantenido contactos con las máximas autoridades del Gobierno Vasco para trasladarles las inquietudes y reflexiones de los y las consultantes.
Según ha recordado, en el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el 26 de junio, el Ararteko emitió una declaración institucional “dejando claro, públicamente, su compromiso con las víctimas de la tortura”.
En cuanto a la denuncia de Egiari Zor sobre el “no desarrollo” por ningún reglamento de la citada Ley, el Ararteko ha explicado que se ha reunido con los máximos responsables del Gobierno Vasco para abordar la aplicación de la Ley, y les ha mostrado su preocupación por la “demora en la tramitación de las solicitudes” de reconocimiento de las víctimas y porque dicho retraso afecte a las víctimas.
Mediante una resolución, el Ararteko solicita al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que “ponga todos los medios a su alcance para resolver en plazo” las solicitudes de todas las víctimas que se encuentren en tramitación en virtud de la Ley 12/2016, de 28 de julio.
“EN EL MENOR PLAZO POSIBLE”
Asimismo, subrayado que en el ámbito de sus competencias, continuará realizando el seguimiento de la aplicación de la ley citada y para ello, mantendrá los “contactos oportunos” con los responsables del Gobierno Vasco, así como con las víctimas que están tramitando sus solicitudes, cuyo plazo se ha visto ampliado en otros 24 meses en 2023, a fin de que sean atendidas “de forma adecuada y en el menor plazo posible”.
Respecto al caso denunciado en la consulta realizada por la Fundación Egiari Zor, sobre la promoción profesional del guardia civil Arturo Espejo, quien fuera instructor de la operación en la que, según un informe del Gobierno Vasco de 2017, Mikel Zabalza resultó víctima de tortura, el Ararteko ha recordado que dejó clara su postura en la declaración institucional que emitió con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
Según ha recordado, en la misma señala que “el ensalzamiento o la justificación de la tortura son incompatibles con la garantía de no repetición de actos tan abominables” y “aún más lo son los indultos, honores públicos o promociones profesionales a quienes hayan sido condenados o aparezcan implicados en situaciones fehacientemente reconocidas como tortura”.
“La percepción social de impunidad o el blanqueamiento de crímenes que repugnan la conciencia humana corroen los fundamentos de un Estado democrático de derecho”, concluye la declaración.
- Te recomendamos -
