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Las CCAA solicitan al Gobierno la convocatoria de la Conferencia sectorial de medio ambiente en cumplimiento de la legalidad vigente

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Asegura que el hecho de que se opte por el procedimiento escrito “hurta” el derecho a dialogar en el órgano multilateral

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 (EUROPA PRESS)

Catorce comunidades autónomas y ciudades autónomas han exigido al Gobierno estatal la convocatoria “conforme a la legalidad vigente” de la Conferencia sectorial de medio ambiente al entender que el actual “procedimiento escrito” les “niega la oportunidad de debatir sobre asuntos clave” para los distintos territorios.

En un comunicado remitido a los medios, la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia recuerda que la celebración de esta reunión está pendiente desde el pasado verano y, entre los aspectos a tratar, figura la distribución territorializada de varias partidas de fondos estatales de gran trascendencia para las comunidades.

En una carta conjunta remitida este lunes a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los representantes autonómicos de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla consideran que la referida convocatoria por escrito “adolece de un vicio de nulidad” lo que impide su celebración y, por consiguiente, haría imposible a adopción de ningún acuerdo válido.

Por este motivo, solicitan una rectificación del Ministerio y que proceda a la suspensión de la Conferencia Sectorial por escrito, fijada desde el pasado día 21 de octubre hasta el 31 de este mes, mientras no se proceda a su convocatoria en la forma legalmente prevista.

El departamento autonómico avisa de que se trata de la primera vez en la historia en que el Gobierno central convoca al pleno de la Conferencia sectorial recurriendo a la modalidad escrita, un tipo de procedimiento que, tal y como se recoge en la misiva, se reserva “por ley” a supuestos en los que el único punto en la orden del día sea analizar un proyecto normativo, algo que no sucede en este caso.

De hecho, la Xunta indica que entre los nueve asuntos incluidos en la orden del día está la territorialización de los presupuestos del Estado de 2023 para prevenir y paliar los daños del lobo, las partidas de las subvenciones para proyectos en las áreas de influencia de los parques nacionales o los fondos correspondientes al Plan PIMA Refugios climáticos.

En este sentido y teniendo en cuenta la trascendencia que tiene para las comunidades autónomas este reparto, los consejeros firmantes consideran que se está hurtando su derecho a dialogar y a permitir la necesaria intercomunicación entre los miembros del referido órgano multilateral en materias clave de temática medioambiental.

PROYECTO EUROPEO GREEN GAP

Por otra parte, el departamento autonómico ha informado también que Galicia acogió este lunes la primera reunión para la puesta en marcha del proyecto europeo Green Gap para la promoción de las infraestructuras verdes a nivel local, una iniciativa en la que el Instituto de Estudos do Territorio (IET), dependiente de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, ostenta la responsabilidad de la correcta coordinación y realización de las diferentes actividades y tareas.

De este modo, el proyecto Green Gap Impulso de las Infraestructuras Verdes Locales para la restauración de la biodiversidad, la renaturalización y el diseño de un paisaje resilente ante el Cambio Climático de las zonas urbanas y rurales de Galicia-Norte de Portugal tiene como objetivo contribuir a que las administraciones locales jueguen un papel más relevante en la promoción de las infraestructuras verdes en el área transfronteriza.

Según ha recordado el director del IET, Enrique de Salvador, la finalidad del desarrollo de una infraestructura verde es la creación de una red de espacios y elementos que mejoren la resilencia ante el cambio climático, contribuyan a la conservación de la biodiversidad y beneficien a las poblaciones del entorno.

En esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de más de 2,1 millones, financiado en el marco del Programa Interreg España – Portugal (POCTEP 2021-2027), participan, además del IET, un conjunto de entidades locales, administraciones supramunicipales con competencias en esta materia y entidades universitarias de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.

En concreto, por parte de Galicia participan la Universidade da Coruña, Ayuntamiento de Pontevedra, Diputación de Ourense y la Fundación CEER, mientras que del lado portugués, forman parte del proyecto a Cámara de Paredes de Coura, la Universidad del Minho, la Cámara de Guimarães, el Laboratorio de la Paisagem de Guimarães así como la Agência Portuguesa del Ambiente y el Instituto de la Conservação de la Naturaleza de las Florestas.


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