PAMPLONA, 27 (EUROPA PRESS)
La parlamentaria de UPN Marta Álvarez ha acusado al Gobierno de Navarra de intentar “ocultar” indicios de “delito” en torno al convenio para la compra de mascarillas firmado entre Sodena, CEN y Albyn.
Así lo ha afirmado este viernes en rueda de prensa tras tener conocimiento, ha dicho, de una nota informe elaborada por el jefe de la sección de control jurídico de la Dirección General de Intervención, Ignacio Amatriain, que concluye que hubo “culpa grave” en quien tomó la decisión de firmar este convenio y, por tanto, indicios de “responsabilidad contable” y de “delito”. Con lo cual, la anterior consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, “debería haber acudido a la Fiscalía” y no a la Cámara de Comptos, ha opinado Alvárez.
La parlamentaria ha recordado que este caso “terminó con el cese” de la entonces gerente de Sodena, Pilar Irigoyen, la “pérdida de casi dos millones de euros” y “las mascarillas donadas a una ONG cuando la mayoría estaban a punto de caducar”. Ha destacado que UPN ha tratado “en todo momento de investigar para que se supiera toda la verdad” en torno a este convenio y sobre “la irresponsabilidad de quienes permitieron el despilfarro del dinero de todos los ciudadanos”.
Según ha dicho, la formación regionalista ha solicitado información sobre el caso “por todos los medios posibles”, incluso solicitando una comisión de investigación, y ha acusado a los partidos que conforman el Gobierno foral y a EH Bildu de “obstaculizar todas nuestras iniciativas y de todas las maneras posibles”.
Ha explicado que el anterior consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, explicó en una comparecencia parlamentaria que el cese de Irigoyen al frente de Sodena vino motivado por que la entonces consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, y el director de Intervención “le advirtieron de que podía haber indicios de delito” en el convenio de compra de mascarillas y que el informe remitido a Comptos “iba acompañado de papeles de trabajo con posibles evidencias de negligencia y responsabilidad contable”.
Esto motivó que la actual alcaldesa de Pamplona y entonces parlamentaria de UPN, Cristina Ibarrola, solicitara esos papeles de trabajo, que “le fueron denegados porque alegaron que eran confidenciales”. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el 18 de julio, “condenó al Gobierno de Navarra a entregar esos papeles”. Sentencia que no se pudo ejecutar debido a que Ibarrola ya no era parlamentaria.
Así las cosas, Marta Álvarez ha explicado que pidió estos papeles, al igual que el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz. Sin embargo, el 15 de septiembre, recibieron una respuesta por parte del departamento de Mikel Irujo señalando que estos papeles “no forman parte del departamento”.
Tras una reclamación de ambos parlamentarios, el 28 de septiembre “por fin Arasti me remite los famosos papeles” en los que “no había ni una mención a los posibles indicios de delito que dice Irujo”. Álvarez solicitó la respuesta que se remitió a Araiz en la que “ahí sí le remiten una nota informe” en la que “se concluye que existen” indicios de “responsabilidad contable”.
Marta Álvarez ha criticado que la “excusa para no darnos esta información y a EH Bildu sí es que esta nota informe no forma parte de los papeles de trabajo sino que es posterior”. Ha destacado que el documento está “sin firma y sin fecha” y ha acusado al Gobierno foral de “mentir”. Al respecto, ha asegurado que la nota informe fue realizada por el jefe de la sección de control jurídico de la Dirección General de Intervención, Ignacio Amatriain, “antes de terminar los trabajos de auditoría”, antes de que Saiz le dijera a Irujo que “había indicios de responsabilidad contable” y antes de “mandar los papeles de trabajo a la Cámara de Comptos”.
Álvarez ha asegurado que el Gobierno de Navarra “tiene interés en tapar este caso” y ha señalado que “jurídicamente vamos a estudiar todas las opciones que tenemos”, incluida nuevas iniciativas en el Parlamento. Preguntada si esta nueva información podría implicar una investigación judicial, la parlamentaria de UPN ha contestado que determinar si hay o no delito “es una cuestión que tendría que investigar, si estima oportuno, el Tribunal de Cuentas”. Así, ha indicado que el informe que emitió Comptos “no se pronuncia” sobre este documento y “no sabemos si el Tribunal de Cuentas está analizando esta cuestión o está pendiente de abrir”.
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