CARBONERAS (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)
Propietarios de atraques en el Puerto de Carboneras (Almería) han pedido a la administración que se anule la modificación introducida al contrato de obra para su reordenación porque supone “expulsar” de la dársena a 65 embarcaciones e “incumple” el pliego de condiciones.
La asociación ‘Afectados por el Puerto de Carboneras’ ha impugnado la modificación realizada sobre la obra que se adjudicó en 2019 y pide a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), además de su nulidad, que notifique a la concesionaria la “imposibilidad” de iniciar las obras y vender el derecho de amarre, “exigiendo la devolución de lo percibido hasta ahora”.
El escrito, consultado por Europa Press, interesa, asimismo, que se someta a licitación “un nuevo proyecto” que, según remarca, “satisfaga las necesidades de la flota pesquera y deportiva teniendo en cuenta la función social de la propiedad”.
Según detalla, el 20 de junio de 2021, la APPA, estando ya licitada y adjudicada la obra y firmado el contrato público, inició un expediente de modificación debido al “aumento de la demanda de atraques del sector pesquero” y fijó una nueva ordenación de los atraques que “infringe” el pliego de condiciones.
Precisa que la nueva ordenación de atraques prevé 166 frente a los 260 licitados y el mínimo de 207 permitidos, lo que son “41 menos del mínimo permitido” en el pliego de condiciones y “94 menos de los licitados”.
La asociación traslada, igualmente, que, si en la actualidad en el Puerto de Carboneras hay un total de 231 embarcaciones amarradas, “construir un puerto para 166 amarres supone expulsar de la dársena a 65 embarcaciones”.
“Conviene señalar que dadas las grandes dimensiones del Puerto de Carboneras hay espacio sobrado para que amarre la totalidad de la flora pesquera y deportiva, basta con construir el suficiente número de dársenas que proporcionen atraque a cuantos barcos lo precisen, sin necesidad de reducir el número actual de usuarios”, subraya.
En esta línea, incide la impugnación en que, dado que la concesión “tiene su origen en un procedimiento de libre concurrencia”, hay “límite” a que pueda ser “susceptible de ser modificada” y augura que “si en vez de licitarse 260 se hubiesen sometido a exposición pública 166, se habrían presentado más licitadores”.
Por último, indica que el “incumplimiento” del pliego de condiciones “no solo afecta al número y eslora de los amarres, de 96 de seis metros cuando el nuevo proyecto contempla solo 29, sino que también lo hace a la forma de pago”. “La concesionaria está exigiendo como forma de pago el 50% al iniciar las obras y el otro 50%, al finalizarlas. Ya está vendiendo el derecho de amarre sin haber terminado el expediente”, concluye.
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