MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Las autoridades de Israel han expresado abiertamente que su objetivo es sacar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del poder en Gaza tras los ataques sin precedentes perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista, que dejaron cerca de 1.400 muertos y más de 220 secuestrados, si bien por ahora no ha especificado cuáles son los planes a largo plazo de este nuevo “régimen de seguridad” que busca Tel Aviv.
El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, indicó la semana pasada que la campaña contra la Franja –que deja hasta ahora cerca de 5.800 muertos, entre ellos más de 2.300 niños– pasa por un plan de tres fases que debe concluir con el “final de toda responsabilidad israelí sobre la vida cotidiana” en el enclave y, por último “la creación de una nueva realidad de seguridad para los ciudadanos de Israel y los residentes” gazatíes.
El plan, sin embargo, no especifica quién quedaría al frente del enclave, en caso de que se materialice una invasión por tierra que se salde con el descabezamiento del grupo islamista y con su salida del poder en Gaza, que controla desde 2007 a raíz de unos enfrentamientos intrapalestinos derivados de las elecciones del año anterior.
Naciones Unidas considera que el territorio está ocupado por Israel, a pesar de que no cuenta en estos momentos con militares o colonos tras el Plan de Desconexión acometido en 2005, y por lo tanto Israel es responsable de su población, la misma situación existente en Cisjordania y Jerusalén Este, igualmente ocupados y parte de los Territorios Palestinos Ocupados, sobre los que se plantea una solución de dos Estados para poner fin a décadas de conflicto palestino-israelí.
Por ello, está por ver si el Ejército israelí lanza finalmente su ofensiva –aparentemente aplazada por las conversaciones para intentar liberar a los rehenes– y las posibles repercusiones regionales –ante una potencial expansión de la guerra en Oriente Próximo–, si bien, obviando esos puntos, una de las claves estaría en la futura gestión de los asuntos en Gaza a la espera de un proceso de paz.
¿CARPETAZO AL PLAN DE DESCONEXIÓN?
En este sentido, se abren varias posibilidades para Israel, una de las cuales pasa por retomar la ocupación del territorio, como ocurrió entre 1967 y 2005. Esta vía cuenta con el rechazo de numerosos altos cargos. Así, a pesar de que parte de la derecha religiosa israelí sigue criticando el Plan de Desconexión y considera que Gaza es parte del territorio histórico de Israel, un nuevo proceso de ocupación militar contaría con la oposición internacional y supondría un importante coste económico y a nivel de seguridad. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alertó recientemente de que esta vía sería “un gran error”.
Otra de las opciones de Israel sería la de acabar por la vía militar con la cúpula de Hamás y posteriormente retirarse de la Franja, si bien eso no asegura el fin del movimiento palestino, que podría ser reconstituido con otros miembros de la formación e incluso podría radicalizar aún más sus posiciones o provocar un vacío de poder que sea llenado con otras fuerzas.
En este contexto se abriría la puerta a una vuelta de la Autoridad Palestina –encabezada por Al Fatá– a la Franja, de donde fue expulsada en 2007 por los combates desatados tras las elecciones de 2006, en las que Hamás se impuso tanto en Gaza como en Cisjordania con la victoria de la lista Cambio y Reforma, un reflejo del malestar popular ante las actividades de Al Fatá y la falta de avances en un proceso de paz que derive en la creación de un Estado palestino.
La victoria de Hamás llevó a que Israel y Estados Unidos rechazaran los resultados –una postura apoyada por la Autoridad Palestina– y, si bien el líder del grupo islamista, Ismail Haniye, llegó a formar un gobierno, las operaciones israelíes tras el secuestro de Gilad Shalit y las tensiones internas llevaron a un conflicto interno que se saldó con la expulsión de las fuerzas de la Autoridad Palestina de Gaza, mientras que la Autoridad Palestina se mantiene al frente de Cisjordania.
De esta forma, se concretó una separación administrativa y territorial de los Territorios Ocupados Palestinos que derivó en la imposición de un bloqueo sobre Gaza –apoyado por Egipto– y un enquistamiento de la política palestina en torno a dos bloques crecientemente autoritarios en las zonas bajo su control, mientras Israel ha jugado la carta de la división para presentar un escenario en el que aparentemente no cuenta con un interlocutor unificado.
DUDAS SOBRE LA VUELTA DE LA AUTORIDAD PALESTINA
Por ello, la vía del retorno de la Autoridad Palestina no sería tampoco de fácil aplicación, empezando por las dudas existentes sobre la voluntad de su cúpula para volver al enclave y pasando por los problemas de seguridad que esto podría acarrear para las fuerzas de seguridad y funcionarios del organismo, que previsiblemente harían frente a un firme rechazo popular, especialmente si son instauradas tras una invasión israelí.
La propia Autoridad Palestina, surgida de los Acuerdos de Oslo –firmados en 1993 y en la actualidad prácticamente vaciados de contenido–, es impopular en Gaza e incluso también en Cisjordania, donde gestiona algunos asuntos civiles y es criticada por parte de la población, especialmente ante la expansión de los asentamientos israelíes y las operaciones de seguridad sin un horizonte político a la vista, reclamado por las autoridades palestinas y rechazado por Israel.
De hecho, un sondeo llevado a cabo en septiembre por el Centro Palestino para la Investigación de Políticas y Encuestas (PCPSR) refleja que unos dos tercios de los palestinos consideran que las condiciones entonces eran “peores” que las previas a los Acuerdos de Oslo, mientras un 62 por ciento de los encuestados consideraban que la Autoridad Palestina “es una carga para el pueblo palestino”.
Las conclusiones del PCPSR muestran que Haniye figuraba como favorito en caso de presidenciales con el 58 por ciento de los apoyos, por el 37 por ciento a favor de Abbas. El apoyo a Hamás no refleja en cualquier caso que el grupo cuente con ese respaldo entre la sociedad palestina y es considerado más bien como una muestra del desencanto con Abbas, cuyo mandato expiró hace años y que en 2021 aplazó de forma indefinida unas elecciones apenas dos meses después de anunciar que se celebrarían ante la fragmentación de Al Fatá y la negativa de Israel de permitir el voto a los residentes en Jerusalén Este.
De hecho, la victoria de Haniye sería aún más amplia en caso de presentarse contra el primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, mientras que sería derrotado si se enfrentara a Maruán Barghuti, un antiguo alto cargo de Al Fatá que se encuentra encarcelado en Israel tras ser sentenciado a varias cadenas perpetuas por su papel en la organización de atentados.
Una cuarta vía pasaría por un plan en el que Naciones Unidas cuente con un mandato concreto para gobernar el enclave, si bien no está claro por ahora el papel que podría jugar el organismo o los países participantes en este tipo de solución, que ignoraría en cualquier caso la voluntad de la población palestina y probablemente tendría que hacer frente a la resistencia de miembros de los grupos armados presentes en Gaza, entre ellos lo que pudiera quedar de Hamás.
Por ello, una invasión terrestre por parte de Israel no haría frente únicamente a las dificultades inherentes a una operación de este tipo –que tendría lugar en un contexto urbano densamente poblado que cuenta además con una extensa red de túneles que Hamás y otros grupos podrían utilizar en una guerra subterránea en la que el Ejército israelí tendría que superar diversos obstáculos–, sino que el propio futuro político del enclave no serviría para resolver un problema si no hay un proceso político que culmine con la materialización de la solución de dos Estados.
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