CEUTA, 24 (EUROPA PRESS)
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha comenzado este lunes la vista oral de la mayor macrocausa de presunta corrupción instruida en la localidad española norteafricana, que sienta en el banquillo a 53 expolíticos, empleados públicos y ciudadanos por su presunta participación en una “organización criminal” dedicada a la adjudicación irregular de viviendas de protección oficial (VPO).
El juicio ha comenzado con la exposición y deliberación de las cuestiones preliminares, que se prevé se demore durante tres días, sobre las pruebas y las condiciones en que se desarrolló una instrucción iniciada en 2015 que apunta a siete presuntos delitos de prevaricación, falsedad de documentos, cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales.
Las defensas han intentado durante la primera sesión de la vista atacar las diligencias practicadas para buscar su nulidad por el más de un año que permanecieron bajo secreto de sumario y las “desmesuradas” intervenciones telefónicas que practicó la Policía Nacional, que sustentan buena parte del procedimiento y que según su criterio vulneraron “derechos fundamentales”.
El Ministerio Público, como la acusación particular, ha defendido que no se produjo ninguna “indefensión” y que los pinchazos fueron la vía “necesaria, justificada y menos restrictiva” para llevar adelante las pesquisas a la luz de los indicios recogidos. Igualmente han argumentado que la protección del avance de las indagaciones para las partes fue la forma más procedente para velar por el avance de las “investigaciones”.
El exdiputado autonómico del PP, que también fue viceconsejero y gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa, que da nombre al caso), Antonio López, se enfrenta a una petición de 26 años de cárcel de la Fiscalía, que también reclama que abone casi seis millones de euros en concepto de multa.
Los demás procesados se reparte entre cinco presuntos ‘captadores’ de clientes, otros tantos trabajadores de Emvicesa que serían cómplices del “cabecilla”, cuatro antiguos políticos que mediaban o hacían la vista gorda con sus tejemanejes y 38 ciudadanos que habrían desembolsado dinero para conseguir o intentar hacerse con una VPO irregularmente.
Según concluyó hace cinco años la jueza instructora, cuya relación personal con el principal investigador policial también denunciarán las defensas, “se sabe que o bien el cabecilla los colaba en la lista de adjudicatarios (no consta que cumplieran los requisitos) o bien entregaba documentos creados falsariamente que parecían conceder derecho a la vivienda (los compromisos)”.
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