SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad “ha iniciado la tramitación de la fórmula más adecuada” para la gestión, este mismo año 2023, del ‘Bono carestía’ de ayuda a familias con necesidades cuya puesta en marcha se incluye en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía suscrito el pasado mes de marzo entre la Junta, los sindicatos UGT-A y CCOO-A y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), y que podría beneficiar a “unas 60.000 familias”.
Así lo ha indicado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en una comparecencia en comisión parlamentaria solicitada por el PSOE-A para informar sobre la aplicación y desarrollo de las medidas de mejora y refuerzo del sector público andaluz previstas en dicho pacto.
Antonio Sanz ha repasado algunas de las medidas incluidas en ese acuerdo, que ha reivindicado como un “pacto de pactos”, y entre ellas se ha detenido en el denominado ‘Bono Carestía’, incluido en el apartado de “medidas urgentes para apoyo a familias, personas trabajadoras, autónomos y empresas” de dicho pacto, donde se detalla que será un pago único de 200 euros a familias andaluzas, con menores a cargo, en hogares cuyos ingresos anuales sean inferiores a tres veces el Iprem –Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples– anual vigente, “para paliar los efectos de la actual situación económica”.
El consejero ha detallado que “era preciso dotar” a este recurso “del necesario marco jurídico que aporte todas las garantías en el procedimiento sin perder de vista la necesidad de simplificación administrativa”, y ha apuntado que “se está trabajando en completar las características del ‘Bono Carestía’ avanzando más allá de las líneas generales que establece el propio texto del pacto, con la perspectiva de incrementar el impacto real de esta ayuda a la mejora de la situación de las familias andaluzas”.
En ese sentido, ha aclarado que “está ya en marcha un proyecto de orden para regular las bases reguladoras y la convocatoria” del Bono, y “se está trabajando también con la Agencia Digital de Andalucía en la implementación de un procedimiento de tramitación automatizado que permita gestionar una ayuda que podría beneficiar a unas 60.000 familias con el objetivo de resolver la convocatoria en este mismo 2023”.
REIVINDICACIÓN DEL DIÁLOGO
El consejero ha comenzado su comparecencia defendiendo que, para el Gobierno de Juanma Moreno, el diálogo “se practica, no sólo se predica”, y el Ejecutivo andaluz “practica lo que dice”, así como ha reivindicado que “la sociedad andaluza puede comprobar” actualmente que “su gobierno autonómico y sus principales representantes económicos y sociales estamos y vamos a una”.
Antonio Sanz ha valorado especialmente los acuerdos alcanzados en materia de sanidad, y concretamente en relación a la atención primaria, y ha subrayado que con ellos se garantiza “la mejora” de este servicio en Andalucía y su “modernización”. “Para ello vamos a destinar 180 millones de euros entre el 2024 y el 2026 para poner en marcha las medidas contempladas en este acuerdo”, ha puesto de relieve.
El consejero ha destacado que, “gracias a este acuerdo, hemos conseguido, entre otras cosas”, que “al menos el 25% del presupuesto del Sistema Sanitario Público de Andalucía va a ir dirigido a la atención primaria”, así como que “las agendas de los médicos de familia serán de 35 citas al día, y 25 para los pediatras”, y “un total de 411 administrativos se incorporarán antes del 31 de diciembre del 2024 para apoyar al personal sanitario”.
Además, “habrá enfermeros especialistas en enfermería familiar en todos los centros de salud”, y “la carrera profesional será beneficiada con complementos retributivos que reconocerán el desempeño profesional de los sanitarios”, según ha abundado Sanz, que ha puesto de relieve que, con este acuerdo, el Gobierno de Andalucía “responde también a una demanda histórica de los profesionales de la atención primaria, el complemento de continuidad asistencial”.
En cuanto a lo pactado en materia de vivienda, “está previsto que próximamente se cree la mesa de diálogo mientras que la Ley Andaluza de Vivienda continúe elaborándose para su tramitación”, ha explicado el consejero, que ha aclarado además que “se está elaborando el inventario o mapa de viviendas sociales de la Junta, y se están poniendo en marcha programas para personas en situación de vulnerabilidad”, como las ayudas al Tercer Sector o al pago del alquiler.
Además, “se ha incrementado el número de viviendas para víctimas de violencia de género y las actuaciones para la rehabilitación de edificios y viviendas”, según ha valorado también Antonio Sanz, que, por otro lado, ha indicado que la Consejería de Empleo “va a poner en marcha las bases reguladoras para líneas nuevas de incentivos que irán dirigidas a impulsar la contratación indefinida de personas jóvenes y colectivos vulnerables, dando, por ello, cumplimiento al objetivo de contar con un plan de empleo juvenil”.
“La previsión es que todas ellas estén aprobadas y convocadas en el 2024”, según ha puntualizado el consejero, que ha valorado también el plan de lucha contra la siniestralidad laboral suscrito por la Junta con sindicatos y empresarios el pasado 1 de agosto.
A modo de resumen, Antonio Sanz ha defendido que “lo importante es que tenemos un gran acuerdo” para cuyo cumplimiento existe “una comisión de seguimiento”, así como “dotación presupuestaria garantizada”, y, con él, “Andalucía ha dado un paso firme al frente para abordar con las mayores garantías posibles la difícil situación económica y social que estamos atravesando en el contexto mundial”.
Ha añadido que este acuerdo es “ejemplo para el resto de comunidades autónomas de España, ya que los casi 9.000 millones de euros que estamos movilizando ya suponen el mayor escudo social y económico de la historia de Andalucía”, y ha defendido que el Gobierno de Moreno “tiene muy claro que se consigue más con el diálogo que con la confrontación, y ahí siempre nos van a encontrar”, según ha aseverado antes de concluir dedicando unas palabras de agradecimiento a los agentes económicos y sociales por su “altura de miras” para suscribir este pacto.
PSOE-A ACUSA A SANZ DE QUERER “TOMARLE EL PELO”
Por su parte, el parlamentario del PSOE-A José Aurelio Aguilar ha acusado al consejero de querer “tomarle el pelo” con su intervención, hablando de “cumplimientos del acuerdo previstos en el pacto que no están” materializados, y en esa línea ha remarcado que siguen sin ponerse en marcha “medidas urgentes” incluidas en ese acuerdo.
El representante socialista ha explicado que en esta comparecencia querían preguntar específicamente al consejero por el “refuerzo del sector público andaluz”, y al respecto ha preguntado a Sanz si cree que se refuerza dicho sistema “privatizándolo”.
Así, ha aseverado que “destinar más de 730 millones de euros de fondos públicos a la sanidad privada en lugar de reforzar el sector público sanitario es privatizar, nos pongamos como nos pongamos”, y ha criticado que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, “no ha sido capaz aún de modificar la orden de tarificación” de la Atención Primaria.
De igual modo, el diputado socialista ha llamado la atención sobre la “sorpresa” que, según ha criticado, se ha conocido esta semana acerca de que “hay previstas derivaciones a la sanidad privada” en materia de salud mental “por más de 30 millones de euros”.
Tras la intervención del consejero, ha reprochado a la Junta que aún no haya implantado el ‘Bono Carestía’, y ha preguntado si va a llegar “cuando las familias ya estén desahuciadas”, así como ha advertido de que el “plan de empleo juvenil” que también contempla ese acuerdo pueda llegar cuando algunos jóvenes que podrían beneficiarse del mismo “se vayan a jubilar”, dada su demora.
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