El expresidente, que ha negado que facilitase la inserción de la trama, se enfrenta a una petición de un año de cárcel
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El juicio al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones a Orange Market, una de las empresas de la trama ‘Gürtel’, ha quedado este jueves visto para sentencia 10 meses después de su inicio en la Audiencia Nacional.
Camps, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide una condena de un año de prisión por un presunto delito de tráfico de influencias en concurso de prevaricación –una rebaja sustancial respecto de los 2 años y 6 meses iniciales–, ha sido la figura central de esta vista oral a pesar de no ser el acusado con una mayor solicitud de pena de cárcel.
Según las tesis del Ministerio Público, Camps fue el “paciente cero” que posibilitó la “parasitación y la colonización” de la trama en la administración pública valenciana después de que ésta diese el salto de Madrid, donde había trabajado con la dirección nacional del Partido Popular.
Ese salto, según el relato de varios de los acusados, se produjo cuando los cabecillas de ‘Gürtel’ comenzaron a tener desavenencias con el nuevo entorno del entonces flamante líder de los ‘populares’, Mariano Rajoy. La supuesta relación de amistad entre Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, uno de los líderes de la trama, con Camps, habría sido el detonante del desembarco en Valencia.
Cabe recordar que, en su declaración del pasado mes de marzo, Camps responsabilizó precisamente a la dirección nacional del PP de la contratación con las empresas de la ‘Gürtel’. “Nuestro partido es un partido centralizado, somos militantes del PP de España, no somos un partido federado, somos un partido nacional. Quien me lleva la campaña electoral del presidente de la comunidad es el partido de España. Todo está diseñado desde la dirección nacional”, aseguró a preguntas de Anticorrupción.
CAMPS NIEGA LA RELACIÓN DE AMISTAD
Sin embargo, el expresidente autonómico ha negado repetidamente que mantuviese una relación de amistad con ‘El Bigotes’, al que llegó a calificar de “tramoyista” del PP. Ese nexo de unión entre ambos ha sido uno de los principales puntos de este juicio, suponiendo una de las cuestiones más respondidas tanto por acusados como por testigos.
El líder de la ‘Gürtel’, Francisco Correa, aseguró en su declaración en la vista oral que el entonces presidente autonómico fue la persona que introdujo a la trama en la Comunidad Valenciana. Camps, molesto con esa versión, se encaró con Correa a la salida de una de las sesiones del juicio, donde llegó a llamarle “hijo de puta”, según la versión de varios testigos.
Una versión similar fue la ofrecida por otras dos acusadas, las extrabajadoras de ‘Gürtel’ Isabel Jordán y Mónica Magariños, que aseguraron en el juicio que fue Camps el que introdujo a la trama en la Comunidad Valenciana y el que ofreció al grupo diversos contratos con la Generalitat.
“Camps le dijo a Álvaro que allí iba a tener trabajo, y en el año 2003 empezamos a hacer los congresos regionales”, explicó Magariños, que trabajó como secretaria de ‘El Bigotes’ y del ‘número dos’ de la trama, Pablo Crespo.
“Todo el mundo sabíamos que se iba Álvaro a Valencia porque tenía una amistad con Camps y porque le había ofrecido que se fuera a Valencia donde tendría posibilidad de trabajar”, aseveró Jordán, considerada administradora de algunas empresas de la trama.
EL INSPECTOR DE ‘GÜRTEL’
En sentido contrario se expresó el que fuera gerente de Orange Market, Cándido Herrero, que señaló en la vista oral que nunca habló con Camps y que nunca le vio en la oficina de la empresa. “Como he jurado decir la verdad… nunca le oí ni oí hablar con él. Sinceramente no”, aseguró.
Otra de las declaraciones clave en el juicio fue la del ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que dirigió la investigación de ‘Gürtel’, Manuel Morocho, y que afirmó que la relación de Camps con ‘El Bigotes’ era “intensa y familiar”.
Morocho dejó claro que “las conversaciones, la documentación y la visión” que tenían de la “evolución de la investigación” sobre la penetración de ‘Gürtel’ en la Generalitat “era suficientemente clara y evidenciaba cuál era la intervención y la forma de actuar” de sus dirigentes.
El final de este juicio dejará en el horizonte la sentencia, que podría ser la primera condenatoria para Camps. Cabe recordar que el expresidente solo ha sido juzgado por esta pieza de ‘Gürtel’ y por el conocido como caso de los trajes, por el que fue absuelto.
A pesar de haber sido investigado en otras causas judiciales, como la visita del Papa a Valencia o la construcción del circuito de Fórmula 1 en Valencia, la Justicia archivó para él en todos los casos.
En lo relativo a ‘Gürtel’, a la macrocausa le restan dos juicios: el relativo a la supuesta evasión fiscal y blanqueo de la trama –todavía sin fecha– y el referente a los adjudicaciones irregulares de la trama en la localidad madrileña de Arganda del Rey, que arrancará en 2024.
EL RESTO DE PETICIONES DE FISCALÍA
En esta vista oral, la Fiscalía Anticorrupción también pide para el líder de ‘Gürtel’, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, y para el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, una condena de 2 años y 3 meses de prisión respectivamente por un delito continuado de tráfico de influencias en concurso con un delito de prevaricación, por un delito de falsedad en documento mercantil y por otro de malversación de caudales públicos.
La Fiscalía solicita para el que fuera gerente de Orange Market Cándido Herrero 8 años de cárcel por un delito continuado de tráfico de influencias en concurso con uno de prevaricación administrativa, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y por los delitos de malversación de caudales públicos.
Para las trabajadoras de la trama Mónica Magariños e Isabel Jordán la Fiscalía pide 1 año, 8 meses y 15 días de cárcel por los delitos de falsedad en documento mercantil y malversaciones de caudales públicos. Además, solicita 2 meses de cárcel por un delito de tráfico de influencias a sustituir con una inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.
Anticorrupción también reclama la pena de inhabilitación para cargo público por 2 años y 6 meses para la ex directora general del Libro Silvia Caballer así como la pena de inhabilitación para cargo público que merezca la consideración de personal eventual porque implique funciones de confianza o asesoramiento especial por tiempo de tres años para el exjefe de gabinete de la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana Enrique Navarro.
Para la que fuera gerente de la fundación ‘La luz de las imágenes’ María del Carmen Díaz Quintero la Fiscalía pide la pena de 18 meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo e inhabilitación absoluta durante tres años.
El exgerente de la sociedad Proyecto Cultural Castellón Vicente Farnós de los Santos, por su parte, afronta una petición de Anticorrupción de 1 año de prisión por un delito de malversación e inhabilitación para cargo público por 2 años y 6 meses.
Asimismo, el Ministerio Público solicita para el que fuera jefe del gabinete técnico de la Sociedad de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (SEPIVA) Enrique Bort 10 meses de prisión por el delito de falsificación en documento oficial e inhabilitación para cargo público por 2 años y 6 meses.
Cabe recordar, como recoge la Fiscalía en sus conclusiones, que previamente al inicio de la vista oral los acusados Correa, Crespo, Magariños, Jordán, Caballer, Farnós de los Santos, Navarro, Díaz Quintero y Bort presentaron escritos en los que se adherían a las por entonces calificaciones provisionales después de haber reconocido los hechos.
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