MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El sector de los servicios funerarios ha reclamado una nueva legislación que regule aspectos comunes al sector y que permita a cada comunidad autónoma poder abordar esa normativa de manera más homogénea, así como una reducción del IVA en sus servicios.
Así lo han pedido los diferentes actores del sector en el Observatorio de Servicios Funerarios, la plataforma asesora y consultiva del sector en España, que tiene como objetivo unir esfuerzos entre profesionales de esta industria que comprende más de 1.000 empresas.
Analizando las principales conclusiones de segundo encuentro en Madrid, los expertos han propuesto un cambio en una legislación que califican de “preconstitucional”, pues data de 1974. Esta situación, según aseguran, “es compartida por otros sectores en España, pero en el funerario se agudiza todavía más”, tal y como ha comentado el socio fundador y presidente de Cazorla Abogados y catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Luis María Cazorla Prieto.
En esta misma línea, el socio fundador de Cazorla Abogados y especialista en Derecho Administrativo y Tributario y en procesos Contencioso-Administrativos, Ignacio Martín, ha afirmado que “la armonización de la normativa es esencial para que el sector avance y para dotarle de una seguridad jurídica en la que se pueda desarrollar la actividad con un mínimo de control y seriedad”.
Según recuerdan desde el sector, en el pasado, se han realizado varios intentos por resolver esta situación: primero en 2011 con un proyecto que finalmente no fue tramitado y, posteriormente, con una Guía de consenso sobre sanidad mortuoria que no vincula a las Comunidades Autónomas a seguirla.
Por su parte, el secretario general y secretario del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, Carlos Sanza, ha afirmado que existe un interés por parte de los grupos parlamentarios en poder abordar esta cuestión, pero que existe un problema de competencias en cuanto a quién debe liderarlo. “En mi opinión, es el sector quien debe tomar la iniciativa, promoviendo una normativa consensuada, y empezar a trabajar con los grupos para poder liderar una proposición”, ha señalado Sanza.
En este contexto, la presidenta del Observatorio de Servicios Funerarios, María Dolores Asensi, ha advertido de que “las familias son las máximas damnificadas por este gazpacho normativo, pues son las que sufren el impacto de esta maraña por la falta de uniformidad”. “De no ser por todos los actores del sector, el compromiso con las familias sería imposible”, ha señalado.
Sobre el contenido de la norma, los actores del sector creen que el nuevo texto debería abordar aspectos de competencia, consumidores y transparencia para proteger a las familias.
Por ejemplo, Sanza ha indicado que “es necesaria una legislación que exija que todas las empresas tengan los precios publicados, regule los derechos de los consumidores y establezca qué son instalaciones esenciales”. También piden que haya seguridad jurídica para la inversión.
DEL 8% AL 21% DE IVA
Por otro lado, el sector reclama una reducción del IVA de sus servicios funerarios, que antes de 2012 era del 8% y que posteriormente se incrementó al 21%, un tipo que se ha mantenido hasta la fecha y que, según indican, ocasiona que los servicios funerarios se graven en la actualidad con tasas superiores a las de otros sectores económicos, algo que consideran “injusto e incoherente”.
Por ejemplo, señalan que, mientras el transporte de pasajeros se encuentra gravado con un IVA del 10%, el transporte de un fallecido lo está con un 21%. Sobre las posibles vías para acabar con esta situación, Ignacio Martín explica que “no existe un impedimento legal para que estos servicios no puedan tributar a un tipo reducido”. “Es una cuestión de voluntad política y se puede revisar”, ha remarcado.
Tal y como apuntan, España es el tercer país de la Unión Europea que grava con un tipo más elevado de IVA a los servicios funerarios, solo por detrás de Hungría y Grecia.
En cuanto al impacto en las familias, María Dolores Asensi ha señalado que “hay que tener en cuenta que de un servicio de aproximadamente 3.000 euros de media, más de 600 euros van a parar a las arcas del Estado, sólo en concepto de IVA”.
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