MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
Un total de 45.360 personas fallecieron en 2022 en las listas de espera de la dependencia (una cada 12 minutos) mientras que la aportación de las comunidades autónomas a esta materia se redujo en 98 millones de euros, siendo Cataluña, Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Región de Murcia que más recortaron sus presupuestos.
Así consta en un informe publicado este miércoles por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en el que se observa que la inversión pública en atención a la dependencia en 2022 ascendió a 10.234 millones de euros.
A pesar de ello, este colectivo atestiguó que “sigue existiendo una acusada desigualdad territorial en cuanto a financiación”, como lo ilustra que nueve comunidades hayan disminuido el gasto en dependencia en 2022 respecto a 2021: Cataluña (-57,3 millones), Cantabria (-8,7 millones), Asturias (-10,8 millones), Comunidad Valenciana (-40,6 millones), Andalucía (-51,6 millones), Extremadura (-11 millones), Comunidad de Madrid (-15 millones), Castilla y León (-7,4 millones) y Región de Murcia (-1 millón).
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales consideró “especialmente sangrantes” los recortes habidos en Cataluña y en la Región de Murcia, que “el año pasado ocuparon los últimos puestos de la Escala de Valoración del Observatorio de la Dependencia. En el otro lado de la balanza destacan Baleares y Navarra, con incrementos presupuestarios del 17% y del 8,8%, respectivamente.
De los 10.234 millones de euros de inversión pública en dependencia, el 74% (7.573 millones) los financió las comunidades autónomas, un 1,27% menos que en 2021; frente al 26% del Estado (2.661 millones), un 33,6% más que un año antes.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales llamó la atención sobre la “acusada desigualdad territorial” en materia de dependencia en España, como lo evidencia que las comunidades que más invierten son País Vasco (2.329 euros por persona), Extremadura (1.706 euros) y Navarra (701 millones), mientras que a la cola siguen Canarias (801 euros) y Galicia (615).
Por su parte, 8.135 euros fue el gasto anual medio por persona beneficiaria, de los cuales el Estado aportó 2.115 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las comunidades autónomas 6.020 euros, siendo País Vasco la que mayor cantidad destinó: 13.390 euros anuales, y Andalucía la que menos: 6.547 euros anuales.
Este colectivo expuso que “el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal durante el periodo 2015-2020 presentaba una tendencia alcista que se rompe en 2021, cuando el incremento en la financiación aportada por la Administración General del Estado mediante el plan de choque es utilizado por algunas comunidades autónomas para retirar parte de su financiación”.
El reparto de la financiación entre el Estado y las comunidades muestra “grandes diferencias entre territorios”. Así, País Vasco (86%), Baleares (83,09%) y Navarra (81,56%) invierten en mayor proporción en sus sistemas, cuando la media en España se sitúa en el 74%, con Galicia (64,8%), Andalucía (66,87%) o Castilla y León (67,25%) alejadas de ella.
A su vez, Baleares ha tenido el mayor incremento de gasto por persona beneficiaria (+11,33%) al incrementarse el gasto estatal (+22,1%) y el autonómico (+17%), seguida de Navarra y Cantabria.
Por último, desde 2015 el número de persona en situación de dependencia atendidas ha crecido cada año. Entre 2021 y 2022 se observa un incremento porcentual del gasto total certificado más elevado (+7,1%) que el alza en el número de personas beneficiarias (+7,9%).
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