La institución instó a la Administración autonómica a apurar los plazos para los pagos de ayudas para residencias privadas hasta que existan plazas en públicas
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 (EUROPA PRESS)
El Valedor do Pobo considera que la Xunta debe adoptar medidas para reducir los tiempos de espera en las valoraciones de dependencia y, dentro de estas, restringir los plazos en la resolución de la petición de ayudas para recurrir a centros privados en casos de personas con plaza reconocida en una residencia pública que se encuentran a la espera de una vacante.
Se trata de una de las cuestiones recogidas en la memoria anual de 2022 la institución que preside María Dolores Fernández Galiño, que ha sido la encargada de presentar los resultados en una rueda de prensa celebrada este lunes.
En ella, la valedora ha afirmado que varias de las quejas recibidas este año se refieren a las listas de espera y retrasos en la valoración de dependencia y el acceso a recursos residenciales, en los que, como recoge el informe, el alto comisionado aprecia una “insuficiencia de las plazas públicas y concertadas”.
Además de recomendar que el número de plazas ofertadas “se ajuste a la demanda aprobada mediante programas de atención”, el Valedor do Pobo ha demandado a la Consellería de Política Social que restrinja el período de tres que tiene para responder a las peticiones de solicitantes con discapacidad ya reconocida de una libranza provisional, es decir, el pago de ayudas para acudir a centros privados a la espera de que exista plaza en una residencia pública.
Según recogen algunas de las resoluciones emitidas por el Valedor y a las que ha tenido acceso Europa Press, la administración apuraba el plazo de tres meses para responder a estas peticiones, lo que supone para la institución “someter a una doble espera” al solicitante de esta medida transitoria que, como recalca, “no anula” el primer procedimiento que tiene reconocido para acceder a una plaza pública.
Por tanto, la valedora reclama que se reduzcan desde la Administración el plazo para pagar esta libranza y se evite agotar los tres meses de plazo legal, algo que la Xunta se ha comprometido a llevar a cabo a través de un decreto, según ha trasladado este lunes María Dolores Fernández Galiño.
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