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JJpD solicitará al CGPJ que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que lo condena a regular la carga laboral de los jueces

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El presidente interino del Consejo se reunirá con la asociación el 24 de octubre en el marco de una ronda de contactos con la judicatura

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) se reunirá con el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, el próximo 24 de octubre y aprovechará para pedirle que cumpla de “inmediato” con la sentencia del Tribunal Supremo que condena al órgano a regular la carga de trabajo de jueces y magistrados.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que Guilarte ha citado a todas las asociaciones de jueces para establecer el primer contacto desde que asumió el cargo el pasado julio.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han apuntado que hasta el momento el presidente del CGPJ se ha reunido con la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y está previsto que las próximas reuniones sean con JJpD y con Foro Judicial Independiente (FJI).

En un comunicado emitido este viernes, la portavoz de JJpD, Ascensión Martín, ha anunciado que aprovechará la presentación del nuevo presidente interino del CGPJ para reclamar que la reciente sentencia del Tribunal Supremo se acate de forma inmediata”, porque –a su juicio– es “la única forma de garantizar unos niveles de dedicación ajustados y razonables, que evite indeseadas consecuencias en la salud de la judicatura”.

Martín ha recordado que fue “la acción conjunta de las asociaciones judiciales” la que propició que el alto tribunal reconociera que “la judicatura tiene derecho a saber hasta donde alcanza su labor, para evitar que su salud laboral se resienta”.

En este sentido, ha incidido en que el CGPJ tiene la “obligación” de “concretar el alcance de la atención de asuntos que se despachan en los tribunales”, porque –a su juicio– “no es admisible, con el incremento de litigiosidad, que se exija trabajar sin límite”.

INFORME DEL GABINETE TÉCNICO

Justo esta semana, el órgano de gobierno de los jueces ha anunciado que estudiará la resolución del Supremo que le condenó por no cumplir con su obligación de regular la carga de trabajo de los jueces y magistrados a efectos de salud laboral.

Según ha informado el Consejo, la Comisión Permanente tomó conocimiento el miércoles de la resolución del alto tribunal y acordó solicitar al Gabinete Técnico la elaboración de un “estudio en profundidad” del contenido de la resolución.

A su vez, el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial (CNSS), el vocal Juan Martínez Moya, ha convocado una reunión extraordinaria para el día 6 de noviembre.

OTRAS REIVINDICACIONES DE JJpD

Al margen de la sentencia del Supremo y las cargas de trabajo, la portavoz de JJpD ha indicado que también pondrá en conocimiento de Guilarte otras reivindicaciones de la carrera, entre ellas, “la necesidad de ampliar la planta judicial, porque en España seguimos manteniendo un número de personas en la judicatura, en relación a su población, muy por debajo de la media de la Unión Europea”.

“Hace falta incrementar el número de juezas y magistradas, lo que es competencia del CGPJ a través de las oposiciones libres y del cuarto turno”, ha apuntado.

Asimismo, Martín trasladará al presidente del órgano de gobierno de los jueces “la preocupación de JJpD por la situación de interinidad del CGPJ”. Según ha recalcado en el comunicado, Guilarte es el tercer presidente del Consejo al que trasladará que el órgano vive “en una situación de anormalidad institucional, al permanecer casi cinco años en funciones”, algo que “resulta inadmisible, porque la Constitución es tajante al indicar la duración del mandato del CGPJ, limitada a cinco años”.

Respecto al reciente incremento de las retribuciones de judicatura y fiscalía, Martín ha apuntado que “es fruto de un ámbito de negociación propio, previsto en nuestra ley de retribuciones, que ha culminado tras un proceso de negociación en el que, sin necesidad de dañar a la maltrecha administración de justicia, se ha logrado una mejora que la norma dispone tiene que acontecer cada cinco años”.


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