Ve maduro un acuerdo con el Estado para el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital
BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)
El conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha enmarcado en los términos, las preguntas y las consecuencias la negociación con el Estado sobre un posible referéndum de autodeterminación de Catalunya hacia el que los independentistas han pedido avanzar como condición para investir al candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez.
“La discusión con el Estado es por los términos, las preguntas que deben formularse, qué mayorías se exigen por las preguntas que deben formularse, qué consecuencias políticas y legales se derivan de un resultado u otro”, ha sostenido en una entrevista de este viernes en el diario ‘Ara’ recogida por Europa Press.
Se ha mostrado convencido de que habrá una eventual ley de amnistía a los encausados por el 1-O y ha señalado que “el riñón del déficit fiscal es el más difícil, y es justamente el riñón que el Gobierno quiere que en la negociación sea central”.
PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT
Preguntado por la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat para este próximo 2024 ha abogado por una mayoría amplia con PSC, comuns y Junts: “Si son los socialistas y los comunes, espléndido; si añadiéramos a Junts, sería espléndido. Necesitamos unas buenas cuentas para seguir desarrollando las políticas que al país le convienen”.
En este sentido, ha instado al partido liderado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a trasladar a la política catalana el “ejercicio de política que están haciendo ahora en España”, en referencia a la negociación con el PSOE para la investidura de Sánchez.
INGRESO MÍNIMO VITAL
Campuzano también ha explicado que ve maduro un “acuerdo con el Estado para traspasar la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV)”, el cual espera que se pueda cerrar las próximas semanas y meses tras reunirse hace un par de semanas con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá.
Ha sostenido que la coyuntura política facilita el traspaso y que, además, el “Estado empieza a ser consciente de que un modelo de gestión centralizada de una prestación como el IMV es una mala idea”.
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