MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido este miércoles a las autoridades de Guatemala que defiendan el Estado de derecho y la voluntad democrática expresada a través de las urnas, en referencia a la crisis política que vive el país por las recientes acciones de la Fiscalía tras las elecciones presidenciales.
El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, ha informado en una rueda de prensa que “el secretario general está siguiendo de cerca la situación en Guatemala, donde continúan las manifestaciones por la preocupación que suscitan las actuaciones” del Ministerio Público.
Dujarric, que ha señalado que tales acciones “socavan la confianza en el proceso de transición presidencial”, ha pedido “moderación”, que las protestas sean pacíficas y que se respeten los Derechos Humanos. A su vez, ha solicitado “a todos los actores nacionales que respondan a la crisis actual mediante un diálogo de buena fe”.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que opera bajo la Fiscalía, registró en septiembre la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde se incautaron las actas oficiales que certifican los resultados de los comicios, en los que salió vencedor el actual presidente electo, Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla.
Desde entonces, se han producido protestas en el país que piden la dimisión de la fiscal general, Consuelo Porras, del jefe de FECI, Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana. Estas manifestaciones, marcadas por bloqueos en las carreteras, están protagonizadas fundamentalmente por sectores indígenas, civiles y estudiantiles.
La fiscal general aseguró este lunes que los bloqueos de carreteras en el marco de las protestas en su contra son “acciones ilegales” que vulneran los derechos de la población guatemalteca y que serán investigados por la Fiscalía. Por su parte, el presidente saliente, Alejandro Giammattei, señaló que “no se tolerarán actos fuera de la ley” y abogó por “encontrar formas de diálogo”.
Desde que Semilla consiguiera unos resultados sorprendentes –en comparación con lo que auguraban los sondeos– en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.
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