HUELVA, 11 (EUROPA PRESS)
La investigación ‘Operación Resucitar Doñana’, realizada con una metodología de cálculo, diseñada por Bytegeo para Greenpeace, ha concluido que “la superficie que se está regando fuera de la ordenación de regadíos vigente puede alcanzar las 1.789 hectáreas, es decir casi un 20% adicional a lo permitido”. Esta investigación se ha llevado a cabo para “explicar el insostenible modelo de producción agrícola que opera en las inmediaciones de Doñana”, espacio “único”, según ha subrayado la organización en una nota.
Así, la organización ha indicado que “es más, para poder regar una finca, además de ser considerada regable por el plan de ordenación de regadíos de Doñana de 2014, debe contar con la autorización del organismo de cuenca, algo que no sucede para toda la superficie, por lo que el total de regadío ilegal superaría esa cifra”.
Así, Greenpeace señala que durante el desarrollo de la investigación ha documentado “con imágenes ‘in situ’, la facilidad para mezclar la producción legal y la ilegal, blanqueando así la ilegalidad antes de su exportación” y ha lamentado que “esta maniobra es compartida tanto por grandes productores como por pequeños agricultores, que se ven abocados a repetir los esquemas extractivistas de la industria”.
“Ni Huelva ni Andalucía, región castigada por la sequía –en la actualidad y más aún en el futuro como consecuencia del cambio climático–, pueden permitirse despilfarrar el agua. Andalucía tiene sus embalses a menos del 20% de su capacidad. Destacan, por su situación de escasez de agua, la cuenca del Guadalquivir, que se encuentra al 18,5% de su capacidad, y la del Guadalete-Barbate, al 16,5%. Los acuíferos subterráneos de la comarca también se encuentran gravemente castigados, entre otros motivos por los pozos ilegales de la zona”, ha señalado Greenpeace.
Además, ha apuntado que Andalucía “es la comunidad autónoma que cuenta con mayor superficie regada de todo el país”, lo que “la hace muy vulnerable a periodos sin lluvias, pues más del 85% del agua disponible allí se dedica a estas labores”, destacando que “Huelva suministra un tercio del fruto rojo de Europa y más de la sexta parte del mercado internacional, situando a España como principal proveedor mundial, con la exportación de 436.819 toneladas en 2022”.
Con esta cifra, la organización ha señalado que “se calcula que una cantidad equivalente a unos 80 camiones cargados de frutos rojos salen de Huelva hacia el mercado internacional cada día”. “Por esta razón, y por las facilidades institucionales, los fondos de inversión han puesto la mirada en el jugoso negocio de los frutos rojos en el entorno de Doñana”.
El responsable de Agua en Greenpeace España, Julio Barea ha señalado que “es manifiesta la negligencia del actual Gobierno de la Junta de Andalucía al no controlar la aplicación del plan de ordenación de regadíos vigente, en medio de la profunda escasez de agua que está amenazando Doñana”, por lo que considera que “si quieren ser creíbles en la negociación de un plan de desarrollo para la comarca, deberían erradicar urgentemente los regadíos ilegales que hoy permiten”.
Por su parte, el coordinador de la organización en Andalucía, Luis Berraquero, ha criticado que “la agricultura que quiere el PP es la de los grandes empresarios que sacan el máximo provecho de la industrialización y la exportación de la producción, aun a sabiendas de que se sustenta en bajos salarios y condiciones laborales extremas para una comunidad inmigrante y de un entorno que sufre las consecuencias de la agricultura intensiva, con contaminación por plásticos y agroquímicos y que está exprimiendo hasta la última gota de agua”.
La organización considera “insuficiente” la paralización de la Proposición de Ley (PDL) sobre los regadíos en la Corona Norte de Doñana y el comienzo del diálogo entre la Junta y el Estado “si la supervivencia de este ecosistema sigue supeditada a los intereses empresariales”, apuntando que “el modelo agrícola industrializado de la comarca se desarrolla en una ilegalidad cotidiana, en la que se riegan de manera habitual zonas sin autorización, como muestra la investigación”. “Esta situación es conocida y consentida por la Junta que debe comprometerse a erradicarla con urgencia”, afirma Greenpece.
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